La petrolera colombiana responde a denuncias sobre una presunta interceptación de comunicaciones a 70 altos funcionarios y asegura que actuó conforme a los protocolos internos y la normativa internacional.
Ecopetrol rompió el silencio ante las recientes denuncias sobre una supuesta interceptación de comunicaciones a al menos 70 de sus altos funcionarios. La compañía, a través de su Director Corporativo de Cumplimiento, Alberto Araceo Vergara Montarosa, negó de forma categórica que se hayan realizado actividades de vigilancia ilegal y precisó que lo que se ha hecho corresponde a una “retención documental de la información, jamás una interceptación”.
Los señalamientos surgieron tras la revelación de documentos internos en los que se sugiere que se recolectó información de dispositivos utilizados por funcionarios de primer nivel dentro de la compañía. Según explicó Araceo, estas acciones se realizaron con base en normas internas y en el marco de un contrato firmado con la firma estadounidense Covington & Burling, por un valor de USD 5.875.000. El objetivo principal del contrato era evaluar el impacto reputacional de las investigaciones relacionadas con Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol.
“Queremos darle la tranquilidad a la ciudadanía de que todo se ha cumplido con base en la norma, al protocolo, a las matrices de atribución y decisión, con pleno acatamiento de las normas internas de Ecopetrol”, aseguró Araceo. Además, reiteró que “jamás hemos autorizado interceptación y cualquier otra medida que implique la comunicación privada de las personas”.
El directivo también subrayó que durante más de una década ha trabajado de la mano con consultores especializados en ética y cumplimiento, respetando los estándares internacionales y las normativas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Este punto es clave, dado que Ecopetrol, al cotizar en la bolsa de Nueva York, está sujeta a estrictos mecanismos de control y transparencia en sus procedimientos internos.
Sin embargo, dentro de la misma organización persisten inquietudes. En una reunión reciente de la Junta Directiva de Ecopetrol, algunos de sus integrantes manifestaron no conocer el contenido completo de la comunicación que Covington envió al presidente de la compañía. Esto ha generado dudas sobre el alcance real del contrato suscrito con la firma internacional, cuya finalidad inicial se había definido como un “estudio” y no como una “investigación”.
Varios miembros de la Junta calificaron como “desmedida y desproporcionada” la solicitud de revisión de los dispositivos electrónicos del presidente de Ecopetrol, lo que provocó intensos debates internos. Esta divergencia dentro del máximo órgano de dirección de la compañía deja ver que la polémica podría ir más allá de una simple diferencia de interpretación contractual.
Por su parte, sectores políticos y sociales han expresado su preocupación ante la posibilidad de que altos ejecutivos estén siendo objeto de vigilancia, incluso si esta se encuadra en parámetros contractuales. Algunos expertos han advertido que la retención documental, aunque legal bajo ciertos marcos regulatorios, debe contar con garantías suficientes para proteger los derechos fundamentales de los empleados, incluyendo su privacidad y confidencialidad de la información personal.
La controversia se suma al ambiente de tensión que rodea a Ecopetrol tras las investigaciones que han vinculado a Ricardo Roa, actual presidente de la empresa de energía pública ISA Intercolombia, y quien ocupó anteriormente la presidencia de la petrolera. Precisamente, la firma Covington & Burling fue contratada para analizar las posibles implicaciones reputacionales de este caso, aunque el enfoque de sus procedimientos ha despertado cuestionamientos sobre si se extralimitó en sus facultades.
De momento, la empresa ha reafirmado que no ha incurrido en ninguna irregularidad. No obstante, la falta de claridad en la comunicación interna y el malestar de algunos directivos abren la puerta a una posible revisión de los protocolos que rigen las auditorías internas y externas en una de las compañías más importantes del país.
La expectativa ahora se centra en si Ecopetrol ofrecerá información más detallada al país y si la Junta Directiva tomará decisiones adicionales frente a lo que algunos califican como un procedimiento atípico. Mientras tanto, el tema ha comenzado a escalar en la opinión pública, donde se exige total transparencia y respeto por los derechos de los trabajadores.
Y.A.
