La menor Embera Chamí fue víctima de un grave caso de violencia en su entorno familiar en Pueblo Rico, Risaralda. La Defensoría del Pueblo confirmó que la niña está bajo atención especializada y sin fracturas internas.
La Defensoría del Pueblo expresó su más enérgico rechazo ante el grave caso de violencia física sufrido por una menor indígena de la comunidad Embera Chamí, ocurrido en el municipio de Pueblo Rico, al occidente del departamento de Risaralda. El caso, que ha generado consternación a nivel nacional, involucra a la propia familia de la menor, quienes, según versiones preliminares, habrían participado en su agresión.
Según las primeras informaciones, la menor fue azotada y golpeada por varios hombres mientras se encontraba suspendida con una cuerda colgando del techo de una vivienda. Esta escena de violencia extrema ha sido descrita por las autoridades como una muestra clara de los peligros que enfrentan muchos niños y niñas en contextos donde la violencia está normalizada o invisibilizada por factores culturales, sociales o familiares.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó públicamente que la niña ha recibido atención médica y se encuentra estable y sin fracturas internas. “Hemos confirmado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que la niña se encuentra estable, sin fracturas internas y bajo atención especializada”, aseguró Marín, en una declaración destinada a tranquilizar a la ciudadanía y a dar parte del acompañamiento institucional al caso.
Más allá del parte médico, la Defensoría ha señalado que este caso no debe ser tratado como un hecho aislado, sino como una muestra de una problemática de fondo. “Lo que ha ocurrido con la niña indígena del pueblo Embera, en Risaralda, que fue víctima de violencia física, no es solo un hecho aislado ni un caso excepcional, es la manifestación de una violencia estructural y sistemática que atraviesa a la niñez y a las mujeres en todas las culturas, en todos los territorios y en toda la sociedad”, indicó Marín.
En este sentido, la funcionaria hizo un llamado a no justificar la violencia bajo ningún contexto, incluso cuando ocurre en el seno de comunidades indígenas. La Defensoría precisó que, según información recopilada, la agresión fue cometida por miembros de su familia y no se desarrolló bajo la figura de la justicia indígena, reconocida por la Constitución Colombiana. “Según nos informan, la agresión se produjo en su entorno familiar y no en el marco de justicia propia ni de las autoridades tradicionales. Sin embargo, eso no mitiga la gravedad del hecho, ni debe servir como excusa para justificar o minimizar lo ocurrido”, señaló.
Este caso ha reavivado el debate nacional sobre los límites de la autonomía cultural frente a los derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de proteger a la niñez y a las mujeres. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la infancia han manifestado su preocupación ante posibles omisiones del Estado para actuar de manera oportuna y eficaz en contextos donde impera el miedo o el silencio.
Desde distintos sectores se ha instado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las autoridades locales y nacionales a garantizar medidas de protección integral para la niña y a asegurar que los responsables del ataque enfrenten las consecuencias judiciales correspondientes, sin importar su origen étnico ni vínculo familiar.
Asimismo, se espera una actuación articulada entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y otras entidades competentes, para que el caso no quede impune y para enviar un mensaje contundente sobre la tolerancia cero frente al maltrato infantil. También se ha pedido reforzar los procesos de sensibilización y formación dentro de las comunidades indígenas, para prevenir futuras situaciones de este tipo y promover entornos más seguros para los menores de edad.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo continuará el seguimiento a este caso y aseguró que está dispuesta a acompañar tanto a la víctima como a su comunidad en un proceso de restauración de derechos, sin que ello implique la validación de prácticas violentas en ningún contexto cultural.
Este hecho, doloroso y simbólico, nos recuerda que la lucha contra la violencia hacia la infancia no puede tener excepciones ni justificaciones. Proteger a los niños y niñas debe ser un compromiso ético, legal y social que trascienda diferencias culturales, territoriales o ideológicas.
Y.A.
