La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Gobierno del presidente Donald Trump a terminar un programa instaurado durante la administración de Joe Biden que garantizaba protección migratoria a más de 532.000 personas provenientes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.
El programa, que permitía a estos migrantes vivir y trabajar legalmente en el país tras solicitar su ingreso desde el extranjero, será eliminado según la decisión del máximo tribunal, abriendo la posibilidad a la expulsión de estas personas. Esta medida forma parte de una serie de acciones emprendidas por la administración Trump para restringir la llegada y permanencia de inmigrantes en territorio estadounidense.
Inicialmente, un juez federal en Massachusetts había bloqueado esta orden, argumentando que no se podía aplicar una medida masiva sin analizar cada caso individualmente. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, apeló ante la Corte Suprema, que finalmente dio luz verde a la suspensión del programa, aunque el proceso legal continúa en instancias inferiores.
Este fallo representa la segunda victoria judicial para Trump en materia migratoria en lo que va del mes, después de que el tribunal también aprobara la eliminación del estatus de protección especial para migrantes venezolanos.
Desde su campaña de reelección, el presidente Trump ha insistido en limitar beneficios migratorios y acelerar los procesos de deportación, buscando un control más estricto sobre la política migratoria del país.
En otro revés para las instancias judiciales que frenaban las políticas del Gobierno, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos levantó temporalmente la suspensión que impedía la aplicación de la mayoría de los aranceles globales impuestos por la administración Trump.
El tribunal consideró que la medida previa, emitida por el Tribunal de Comercio Internacional (CIT), excedía sus competencias al declarar ilegal la imposición de aranceles. Mientras estudia la posibilidad de otorgar una suspensión prolongada, el Tribunal emitió una orden breve para reactivar temporalmente los gravámenes, informó la agencia Bloomberg.
Por su parte, la Casa Blanca calificó el fallo del CIT como un “error flagrante” y expresó confianza en que la apelación revocará dicha decisión. Además, no descartó solicitar a la Corte Suprema una suspensión inmediata del fallo mientras continúa el proceso legal.
