Controversia por millonarios gastos del Gobierno Petro en eventos y publicidad institucional

Una fuerte polémica sacude nuevamente el escenario político colombiano luego de que la senadora María Fernanda Cabal revelara documentos oficiales que evidencian un gasto superior a los $387 mil millones por parte del Gobierno Nacional en eventos, celebraciones y campañas de divulgación institucional desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro.

La denuncia, presentada con respaldo documental, señala que diversas entidades del Estado han firmado millonarios contratos para logística y organización de actividades públicas, pese a decretos vigentes que establecen políticas de austeridad en el uso de recursos públicos. En particular, los decretos 444 de 2023 y 199 de 2024 prohíben expresamente el gasto excesivo en publicidad estatal y actividades no esenciales.

Según la congresista del Centro Democrático, solo en 2025 ministerios como el de Agricultura, Cultura, Transporte, Ambiente y Relaciones Exteriores han comprometido más de $30 mil millones en eventos institucionales. “En medio de la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas que vive el país, este despilfarro resulta inaceptable”, afirmó Cabal.

Además, entre 2023 y 2024, el gobierno destinó más de $162 mil millones a campañas de divulgación institucional, una cifra que ha generado críticas desde sectores de la oposición, quienes cuestionan la efectividad y el propósito real de estos esfuerzos comunicacionales. “Se pregona austeridad, pero se ejecutan gastos como si no existieran prioridades urgentes”, añadió la senadora.

La denuncia fue difundida ampliamente en redes sociales bajo el hashtag #LaFiestaDePetro, donde Cabal y otros opositores acusan al Ejecutivo de usar recursos públicos para fines de autopromoción política, en lugar de atender problemas estructurales como el acceso a servicios básicos, la seguridad o la reducción de la pobreza.

Esta nueva controversia revive el debate sobre el manejo presupuestal del Gobierno y profundiza las tensiones entre el oficialismo y la oposición en el Congreso, en un momento en que la ciudadanía exige mayor responsabilidad y eficiencia en el uso del erario.