El Ministerio Público, a través del Procurador 117 Judicial II, Javier Francisco Lizcano Rivas, se pronunció ante el Tribunal Administrativo del Atlántico recomendando la nulidad de la elección de Alejandra Milena Moreno Astwood como diputada del Atlántico por el partido ‘Pacto Histórico’, tras detectar presuntas irregularidades en su inscripción y cuestionar su participación en el proceso democrático interno.
En concepto enviado previo a la sentencia de primera instancia, la Procuraduría argumentó que Alejandra Moreno no participó en la consulta interna de ‘Colombia Humana’ realizada el 23 de abril de 2023, mecanismo legal y constitucional para la selección de candidatos. Según el Procurador, esta consulta fue válida y democrática, y su resultado vinculante, pero Moreno no estuvo presente en dicha convocatoria.
Además, se señaló que la elección de Moreno como cabeza de lista con voto no preferente se impuso desde estructuras políticas externas, concretamente vinculadas al senador Pedro Flórez, desconociendo así el resultado legítimo de la consulta interna, que había sido ganada inicialmente por José Matías, quien luego renunció a su candidatura.
El Procurador Lizcano manifestó que la inscripción de la candidatura de Moreno incumplió requisitos legales sustanciales, especialmente porque se realizó de manera extemporánea, tal como consta en el formulario E-6 AS, firmado después del plazo legal establecido. Esto vulneraría el principio de legalidad contemplado en la Ley 1475 de 2011 y configura un vicio sustancial e insubsanable conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Según el concepto, estas no son simples fallas formales, sino infracciones que afectan directamente los principios democráticos del derecho electoral y el debido proceso interno de los partidos. En consecuencia, la Procuraduría solicitó al Tribunal Administrativo que declare la nulidad del acto de elección contenido en el formulario E-26 ASA del 20 de noviembre de 2023, que oficializó la candidatura y elección de Moreno para el periodo constitucional 2024-2027, así como de todos los actos conexos relacionados con la inscripción irregular de la lista del ‘Pacto Histórico’.
Demandas acumuladas cuestionan inscripción y validez de la candidatura
Tres demandas acumuladas respaldan esta solicitud de nulidad, presentadas por diferentes actores:
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Franklin Covilla Londoño (Rad. 00030-00): Denuncia que la inscripción fue extemporánea y que el aval fue expedido por un directivo sin competencia, vulnerando el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 y el artículo 29 que regula la autoridad partidaria competente.
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Víctor Arturo Polo Sanmiguel (Rad. 00036-00): Cuestiona la validez del acuerdo de coalición, afirmando que no fue suscrito por todos los partidos involucrados y denuncia modificaciones irregulares en la modalidad de voto preferente que afectaron el proceso democrático interno.
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Dreisa María Rosas García (Rad. 00038-00): Centra su demanda en la falta de participación de Moreno en la consulta interna de ‘Colombia Humana’, cuyo resultado era obligatorio, denunciando la violación de los artículos 7 de la Ley 1475 de 2011 y 262 de la Constitución Política, que protegen los mecanismos democráticos internos de selección.
Contexto y repercusiones políticas
El caso revela una división entre las estructuras políticas del ‘Pacto Histórico’ y ‘Colombia Humana’, donde la lista a la Asamblea del Atlántico se fracturó tras la imposición de Moreno por parte de sectores políticos externos a los procesos internos establecidos. Esta imposición ha generado cuestionamientos legales y políticos sobre la legitimidad del acto electoral y la transparencia en la conformación de las listas.
La Procuraduría concluye que la elección de Alejandra Moreno no cumplió con los principios democráticos ni con los requisitos legales exigidos para la inscripción de candidatos, lo que podría derivar en la anulación de su elección como diputada.
El Tribunal Administrativo del Atlántico deberá emitir próximamente su decisión final sobre esta controversia que pone en el centro el respeto a los procesos internos democráticos y la legalidad en la política regional.
