Han pasado casi dos años desde que el país se estremeció con la noticia del supuesto suicidio del coronel Óscar Dávila, oficial adscrito al equipo de seguridad de la Casa de Nariño y figura clave en uno de los escándalos más delicados de la actual administración: las interceptaciones ilegales a trabajadoras domésticas vinculadas al entorno de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro.
La versión oficial, respaldada por Medicina Legal y avalada por la Fiscalía en su momento, cerró el caso con un dictamen claro: suicidio, ocurrido dentro de su vehículo el 9 de junio de 2023. Pero la historia no termina ahí. Algo huele mal y las piezas no encajan.
Recientemente que la Fiscalía General compulsó copias ante la Comisión de Disciplina Judicial para que investigue a 11 funcionarios y exfuncionarios del Instituto de Medicina Legal. La razón: habrían accedido sin autorización al sistema interno de la entidad y, presuntamente, manipulado pruebas relacionadas con el fallecimiento del coronel.
Lo más grave: uno de los involucrados ya no trabajaba allí, pero aún conservaba sus credenciales activas y habría ingresado a los registros sensibles del caso. La cadena de custodia se rompió, y con ella, la confianza en un proceso que ya generaba más preguntas que respuestas.
¿Hubo manipulación de evidencias? ¿El dictamen de suicidio podría haber sido influenciado o distorsionado? ¿Quiénes y por qué tendrían interés en cerrar rápidamente el caso?
La Comisión de Disciplina Judicial ahora tiene la responsabilidad de determinar si los involucrados incurrieron en faltas disciplinarias. Pero el trasfondo del asunto va más allá de lo administrativo: se trata de la credibilidad de las instituciones encargadas de esclarecer la muerte de un alto oficial vinculado a un caso políticamente sensible.
Una verdad incómoda podría estar escondida bajo la superficie de un fallo ya archivado. Y quizás, el caso del coronel Dávila aún no haya dicho su última palabra.
