Un intento de reclutamiento forzado por parte de un grupo armado ilegal fue impedido este jueves por una familia y vecinos del barrio María Eugenia, en Santa Marta, cuando un menor de 13 años estaba a punto de ser llevado hacia un campamento clandestino en la Sierra Nevada de Santa Marta.
El menor, residente inicialmente en el barrio Ciudad Equidad, había sido contactado por integrantes de un grupo armado que opera en la zona montañosa del departamento. Le ofrecieron dinero mensual, seguridad y un supuesto futuro como parte de su estructura, a cambio de integrarse a un proceso de entrenamiento de tres meses en la zona rural.
Los reclutadores no utilizaron amenazas, sino una estrategia basada en falsas promesas económicas. Ofrecieron entre 1.400.000 y 1.500.000 pesos mensuales, una suma significativa para un menor que vive en condiciones de vulnerabilidad. El niño aceptó y comenzó a preparar sus pertenencias para partir.
Su hermano mayor, de 17 años, también fue contactado pero rechazó la oferta y alertó a la familia. De inmediato, tomaron la decisión de trasladar al menor al barrio María Eugenia, buscando alejarlo del riesgo.
Una segunda oportunidad de evitar la tragedia
Sin embargo, desde su nuevo escondite, el menor contactó nuevamente a los reclutadores y les compartió su ubicación. En cuestión de horas, una camioneta con tres hombres arribó al sector para llevárselo.
La familia, alertada por la actitud del menor, pidió ayuda a los vecinos, quienes sin armas, pero con determinación, enfrentaron a los desconocidos con palos y piedras. La acción comunitaria logró disuadir a los reclutadores, que se retiraron del lugar sin lograr su cometido. No obstante, advirtieron que podrían regresar.
La defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, quien ha seguido de cerca este caso, informó que no se trata de un hecho aislado. Según sus registros, ha recibido al menos 13 denuncias similares en Santa Marta y municipios cercanos como Ciénaga, Zona Bananera y Pueblo Viejo.
Vera señaló que estos grupos ilegales operan campamentos en zonas rurales del Magdalena donde menores son llevados, entrenados y adoctrinados para luego integrarse de manera activa a las estructuras criminales.
“La comunidad está actuando sola ante un Estado ausente. Lo que está ocurriendo es trata de personas, un crimen de lesa humanidad. Necesitamos respuestas institucionales ya”, advirtió.
A pesar de haber evitado el reclutamiento, la familia del menor vive ahora bajo constante temor de represalias o de que el niño intente fugarse nuevamente. “Él cree que es un trabajo, que con eso puede sacar a su madre adelante. No entiende el peligro que corre”, expresó su abuela.
Mientras tanto, los vecinos permanecen alertas, conscientes de que su única herramienta de protección es la solidaridad. Las autoridades locales aún no se han pronunciado oficialmente sobre el caso.
