La Junta Directiva de Ecopetrol aseguró este jueves que no tuvo conocimiento ni fue consultada sobre la modificación de un contrato por 5,5 millones de dólares firmado con la firma de abogados Covington & Burling LLP, el cual tenía como fin realizar un análisis de riesgos reputacionales del presidente de la compañía, Ricardo Roa.
En un comunicado oficial, la Junta afirmó que la decisión de ampliar el contrato, tanto en alcance como en valor, no pasó por el comité de auditoría ni fue discutida por los directivos. “Tal y como se verificó en las actas, ni el comité de auditoría ni la junta directiva fueron consultados respecto a la firma del otrosí al contrato original”, señaló.
Ante esta situación, la Junta ordenó en febrero de este año la suspensión de las actividades relacionadas con el contrato y solicitó que el caso sea sometido a una auditoría e investigación interna. Los resultados de estas investigaciones determinarán si se emprenden acciones legales o administrativas.
La compañía reiteró que Ricardo Roa no intervino en la contratación ni en la firma del otrosí, y aclaró que cualquier miembro de la junta puede recurrir a asesoría legal de manera independiente cuando lo considere necesario.
Desde 2008, cuando Ecopetrol empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, la empresa ha contado con asesorías legales internacionales para cumplir con regulaciones como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y los lineamientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), indicó la empresa en su pronunciamiento.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios no identificados de Ecopetrol. Según el organismo, la modificación del contrato podría haberse utilizado como pretexto para interceptar comunicaciones internas dentro de la empresa, lo cual representaría una grave irregularidad.
Ecopetrol informó que colaborará plenamente con las autoridades y entes de control que investigan el caso.
