La medida, catalogada por el gremio como “hora cero”, se produce tras más de nueve meses de espera por compromisos incumplidos desde que se instaló una mesa de diálogo en agosto de 2024. En ese entonces, participaron funcionarios del Gobierno nacional y el secretario de Gobierno de La Guajira, Misael Velásquez. No obstante, según Arocha, los acuerdos pactados no se han materializado.
Entre las exigencias destacan una reducción sustancial en el precio del combustible, inversiones urgentes en infraestructura vial, apoyo a programas sociales y un plan de reconversión laboral para el gremio. Aunque en octubre de 2024 se logró una disminución de 433 pesos en el costo del galón de combustible, los transportadores consideran que el impacto fue insignificante frente a la magnitud de sus necesidades.
“La situación es insostenible. Hemos agotado todas las vías institucionales sin obtener respuestas. Lo que pedimos no es nuevo: voluntad política y soluciones concretas”, afirmó Arocha.
Otros puntos críticos en la agenda del gremio incluyen la eliminación progresiva del subsidio al combustible, la necesidad de actualizar la zona diferencial de transporte, y la falta de gestión pública, evidenciada en la pérdida de 150 mil galones de combustible subsidiado en 2021, lo cual afectó gravemente al sector frente a otras regiones como el Cesar.
Durante la entrevista, el equipo periodístico de Cardenal Stereo expresó su preocupación por las posibles consecuencias económicas de un nuevo bloqueo en las vías principales del departamento, especialmente en un contexto de desaceleración económica regional. También hizo un llamado al gobernador de La Guajira para que asuma el liderazgo en la reactivación de las mesas de diálogo y canalice respuestas efectivas por parte del alto Gobierno.
El gremio, no obstante, dejó la puerta abierta al diálogo y expresó su disposición a levantar la hora cero si antes del 4 de junio se concreta una reunión formal con representantes del Ejecutivo nacional.
Mientras tanto, la tensión crece en el sur de La Guajira, donde comunidades enteras temen las afectaciones económicas y sociales que podría traer una nueva jornada de protestas prolongadas.
