Una queja formal radicada ante la Comisión de Disciplina Judicial señala a la jueza Sandra Heredia por supuestas omisiones y decisiones sesgadas en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal ha estado marcado no solo por el contenido del proceso, sino también por el creciente debate en torno a la actuación de la jueza Sandra Heredia, titular del juzgado 44 penal del circuito de Bogotá con funciones de conocimiento.
La tensión entre la jueza Heredia y la defensa de Uribe ha sido constante durante las diferentes audiencias judiciales, con episodios donde los representantes del exmandatario han expresado su inconformidad por lo que consideran decisiones restrictivas que limitan el adecuado ejercicio de la defensa, especialmente en lo que respecta al contrainterrogatorio de testigos clave.
La situación alcanzó un nuevo nivel esta semana cuando fue radicada una queja formal ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, firmada por el ciudadano Pedro Santiago Rodríguez Betancourt. En el documento, se solicita una investigación formal contra la jueza Heredia por presuntas omisiones, comportamientos que, según el denunciante, comprometerían su imparcialidad en el juicio.
“Ha abusado de sus derechos como juez, afectando la imparcialidad y extralimitando sus funciones dentro del proceso que se adelanta contra el doctor Álvaro Uribe”, se lee textualmente en la queja presentada. Además de la solicitud de investigación, el documento pide evaluar la posibilidad de que la funcionaria sea apartada del proceso y se le impongan sanciones disciplinarias si se comprueba que incurrió en alguna falta.
El señalamiento plantea una discusión de fondo sobre los límites de las funciones judiciales y el deber de garantizar un juicio equitativo para todas las partes. Aunque los recursos interpuestos por la defensa de Uribe ante el Tribunal Superior de Bogotá han sido en su mayoría rechazados, los reparos persisten en cuanto al estilo de conducción del juicio por parte de la jueza Heredia, a quien acusan de tener un sesgo judicial y de imponer restricciones excesivas en aspectos esenciales del proceso.
La controversia judicial también ha estado alimentada por el tono con el que la jueza ha dirigido las sesiones. En diversas oportunidades, ha llamado la atención a los abogados defensores por lo que considera dilaciones procesales o intervenciones fuera del marco del respeto procesal, afirmando que su actuación responde a un compromiso con la legalidad y la celeridad procesal.
Este episodio no solo impacta el desarrollo del caso Uribe, uno de los más mediáticos y polarizantes de los últimos años en Colombia, sino que podría tener consecuencias institucionales si la Comisión de Disciplina Judicial decide abrir una investigación formal. Dicha comisión deberá valorar si los hechos denunciados constituyen posibles violaciones al deber de imparcialidad y si hay méritos suficientes para aplicar medidas contra la jueza.
Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso, con nuevas audiencias programadas y un ambiente de creciente presión sobre todos los actores involucrados. Para algunos sectores, la queja presentada puede interpretarse como una estrategia para deslegitimar el papel de la jueza en momentos claves del juicio; para otros, representa una advertencia necesaria sobre los riesgos de la extralimitación de funciones dentro del poder judicial.
Sea cual sea el desenlace de esta solicitud, lo cierto es que el papel de los jueces en casos de alto perfil como este debe examinarse con especial rigurosidad, no solo por lo que está en juego para los implicados, sino por la confianza del país en su sistema de justicia. El futuro de la jueza Sandra Heredia ahora está, al menos parcialmente, en manos de la Comisión de Disciplina Judicial, que deberá decidir si la conducta denunciada justifica un proceso disciplinario o si se trata simplemente de una lectura subjetiva del rigor judicial.
Y.A.
