Entre los procesados figuran notarios, inspectores de policía, funcionarios de instrumentos públicos y abogados, que habrían participado en un entramado fraudulento para apropiarse de terrenos valorados en más de 2.900 millones de pesos en Soledad.
En un caso que pone en evidencia los graves riesgos que enfrentan los bienes públicos frente a las redes de corrupción, la Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías elementos materiales probatorios contra 18 personas señaladas de integrar una organización delictiva que se habría apropiado de manera fraudulenta de cuatro predios en el municipio de Soledad (Atlántico).
El entramado criminal, compuesto por funcionarios públicos, notarios, inspectores de policía, abogados y particulares, habría utilizado sus cargos y conocimientos para quedarse con dos terrenos de carácter privado y otros dos de uso público, estos últimos destinados a la construcción de un megacolegio y un parque vecinal. En total, los lotes superaban los 11.000 metros cuadrados y estaban avaluados en más de 2.900 millones de pesos.
Entre los procesados figuran personas con cargos relevantes, como la notaria segunda de Barranquilla, Ana Dolores Meza Caballero; el notario único de Santo Tomás, Francisco María Mejía De La Hoz; y el abogado de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Gobierno de Soledad, Andrés Rafael Diazgranados Cruz. También fueron judicializados funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, como David de Castro Macías, Juan Manuel Ucros Ucros, José Luis Pacheco Terán e Iván Carlos Páez Redondo.
A este grupo se suman la exinspectora de Policía, Neisy Esther Cantillo del Toro; el inspector de Policía, Marlon José Mora Montesino; los abogados José Luis Márquez Monterrosa, Alex Manuel Ahumada Diaz y Rafael Enrique Bossio Pinzón; y los particulares Ismael Cárcamo Albarino, Inés Aminta Salas Palencia, Wilmar Machuca Caicedo, Luis Miguel Martínez Montañez, Luis Fernando Peñaloza Rojas y Roque José Lugo Herrera.
La red habría ejecutado su accionar mediante la presentación de documentos falsos, como escrituras públicas, resoluciones administrativas y licencias urbanísticas fraudulentas, que eran registradas para transferir los terrenos a terceros compradores de buena fe. En el caso de los predios públicos, se simularon cesiones gratuitas de parte de las autoridades locales, mientras que en los privados se interpusieron demandas de posesión basadas en hechos inexistentes.
El expediente revela que algunos de los funcionarios implicados no solo validaron ilegalmente los cambios de titularidad, sino que también expidieron actos administrativos irregulares y respaldaron querellas falsas para justificar la ocupación ilegal. A esto se sumó una estrategia de invasión de los terrenos, en la que se permitió la construcción de viviendas rudimentarias para luego venderlas bajo la apariencia de desarrollos legales.
Uno de los aspectos más graves del caso fue la identificación del pago de una coima al asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno de Soledad, lo cual evidencia la existencia de beneficios económicos a cambio de facilitar las maniobras fraudulentas.
Los delitos imputados, según el rol y nivel de participación de cada uno, incluyen: asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, peculado por apropiación, prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, estafa agravada, urbanización ilegal, invasión de tierras, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio.
De los 18 implicados, la notaria Ana Dolores Meza Caballero e Ismael Cárcamo Albarino deberán permanecer en detención domiciliaria. Otros como Ucros Ucros, Mejía De La Hoz, Páez Redondo y David de Castro Macías seguirán vinculados al proceso, y los 12 restantes fueron enviados a un centro carcelario.
Este caso, liderado por fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, refleja cómo las estructuras delictivas pueden infiltrarse en diferentes niveles de la administración pública para ejecutar fraudes sistemáticos contra el patrimonio del Estado. La Fiscalía reiteró su compromiso de avanzar en las investigaciones y judicializaciones necesarias para frenar estos fenómenos que afectan directamente el acceso a derechos fundamentales, como la educación y el espacio público.
Y.A.
