La tensión estalló en la cúpula de Ecopetrol tras la revelación de un contrato millonario firmado con la firma legal estadounidense Covington & Burling LLP, por más de 5,5 millones de dólares. El contrato, que tenía como fin evaluar el impacto reputacional del presidente de la compañía, Ricardo Roa, terminó desatando una tormenta interna que hoy sacude a la petrolera más importante del país.
Lo que ha generado mayor indignación no es solo el monto del contrato, sino su contenido: autorizaba la revisión de correos y documentos de al menos 70 altos funcionarios de la empresa, incluidos los miembros de la Junta Directiva y el propio Roa. Incluso se incluía la posibilidad de interceptar comunicaciones desde computadores, celulares y tabletas corporativas.
En medio del escándalo, Roa declaró a la revista Semana que él también fue víctima de estas interceptaciones y que no tuvo responsabilidad directa en la firma del contrato. Sin embargo, sus explicaciones no han sido suficientes para frenar la crisis institucional.
La noche del miércoles, la Junta Directiva de Ecopetrol se reunió de forma extraordinaria con el presidente Gustavo Petro. En medio de la reunión, Mónica de Greiff presentó su renuncia. Según versiones preliminares, su decisión estaría directamente relacionada con las interceptaciones autorizadas en el contrato.
La presión sobre Ricardo Roa crece. Fuentes cercanas al alto gobierno aseguran que su salida es inminente y que ya suena un posible reemplazo: el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Este nuevo capítulo agrava la inestabilidad en una empresa clave para la economía nacional y deja serias preguntas sobre el manejo ético y legal al interior de Ecopetrol.
