En una decisión histórica, el Consejo de Estado falló a favor de un grupo de desplazados que habitan en la vereda Paso el Medio, corregimiento de Matuya, municipio de Marialabaja, reconociendo la vulneración de sus derechos colectivos relacionados con la salud, vivienda, servicios públicos y calidad de vida.
Este pronunciamiento surge luego de que la Procuraduría General de la Nación presentara una apelación en 2019 contra el fallo inicial del Tribunal Administrativo de Bolívar, que en 2018 había negado la protección a esta comunidad afectada por el conflicto armado.
La apelación fue sustentada por la Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena y el Agente del Ministerio Público en Asuntos Ambientales.
El Consejo de Estado consideró que el fallo original desconocía la protección de derechos fundamentales y las obligaciones internacionales para garantizar una reparación integral a las víctimas de desplazamiento forzado.
En consecuencia, revocó la sentencia anterior y ratificó la vulneración de derechos colectivos con un enfoque diferencial de género, edad y condición poblacional.
Esta resolución representa un avance significativo en la defensa de las comunidades desplazadas de Bolívar, que históricamente han enfrentado dificultades para acceder a servicios básicos y condiciones dignas de vida.
La comunidad de Paso el Medio ahora cuenta con un respaldo jurídico que obliga a las autoridades a implementar medidas concretas para mejorar su situación.