El escándalo de la UNGRD salpica a la Corte Constitucional con la apertura de una investigación contra Vladimir Fernández por supuesta manipulación de su elección, según chats entregados por la exconsejera Sandra Ortiz.
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue generando coletazos de gran magnitud, esta vez en las más altas esferas del poder judicial colombiano. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decidió avocar conocimiento de una denuncia presentada contra el actual magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, en medio de señalamientos que lo vinculan con presuntas gestiones indebidas y la recepción de recursos para acelerar su elección.
El caso cobró notoriedad luego de que la exconsejera presidencial Sandra Ortiz entregara a la Fiscalía General de la Nación una serie de chats que revelarían una supuesta transacción de 3.000 millones de pesos, provenientes de la UNGRD, que habrían sido entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name, con el objetivo de facilitar la elección de Fernández como magistrado del alto tribunal.
Según la denuncia interpuesta, se solicita que se inicie una investigación penal y disciplinaria contra Vladimir Fernández, quien en la época de los hechos se desempeñaba como asesor jurídico de la Presidencia de la República. El objetivo es esclarecer si Fernández participó directamente en la manipulación del proceso de su elección, presuntamente gestionando favores y recursos indebidos para obtener el cargo.
“Se pide investigar al doctor Vladimir Fernández (…) a fin de determinar si él mismo manipuló indebidamente su elección como magistrado de la Corte Constitucional, conforme a declaraciones de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz Nocua”, reza el texto de la denuncia, acogida por la Comisión.
Además de esta solicitud, se requiere una investigación sobre los hechos expuestos en una publicación de Revista Semana, en la cual se indica que Fernández habría adelantado gestiones ante Iván Leonidas Name Vásquez, entonces presidente del Senado, para agendar en el orden del día su elección como magistrado.
El caso está siendo tratado con total seriedad por parte de la Comisión, que ya ha solicitado el acompañamiento de las autoridades competentes, y ha citado a los denunciantes: el representante a la Cámara Christian Garcés, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, y Samuel Alejandro Ortiz, para que amplíen sus versiones sobre los hechos.
Este nuevo capítulo del escándalo UNGRD agrava la crisis de confianza que atraviesan las instituciones públicas, en un contexto donde múltiples actores del Gobierno, el Congreso y ahora la Corte Constitucional, han sido salpicados por acusaciones relacionadas con el desvío de recursos públicos, tráfico de influencias y compra de voluntades.
El nombre de Vladimir Fernández ha sido uno de los más discutidos en los círculos políticos y jurídicos del país, no solo por el cargo que ostenta actualmente, sino por el simbolismo que representa una presunta corrupción en la elección de un magistrado de la máxima corte encargada de garantizar la integridad de la Constitución.
Las revelaciones también ponen en tela de juicio la transparencia del Senado de la República, especialmente durante la presidencia de Iván Name, y refuerzan la necesidad de reformar los mecanismos de selección de altos funcionarios del Estado, donde los intereses políticos y económicos parecen seguir pesando más que el mérito y la idoneidad.
En tanto se adelantan las indagaciones, los ciudadanos observan con escepticismo y preocupación cómo el poder público, lejos de blindarse frente a la corrupción, parece haber hecho de los cargos de alto nivel un terreno fértil para negociaciones ocultas, en detrimento de la democracia y la legitimidad institucional.
La Comisión de Acusación deberá ahora determinar si existen méritos suficientes para formalizar una acusación contra Vladimir Fernández y, de ser así, llevar el caso a las instancias judiciales correspondientes, marcando un hito inédito en la historia reciente de la justicia constitucional colombiana.
Y.A.
