La Sala de Instrucción Disciplinaria abrió indagación preliminar contra funcionarios del Ministerio del Interior y la Policía por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos durante un viaje a Barranquilla.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria preliminar contra funcionarios aún no identificados del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, luego de que se conocieran denuncias sobre el uso de un avión oficial para transportar a influenciadores y simpatizantes del Gobierno a la ciudad de Barranquilla, el pasado 20 de mayo.
El desplazamiento en cuestión tuvo como destino la capital del Atlántico, donde se celebró un cabildo abierto liderado por el presidente Gustavo Petro en el Paseo Bolívar. Según las denuncias, los influenciadores viajaron para cubrir de manera propagandística el evento, lo cual despertó cuestionamientos sobre la legalidad del uso de una aeronave estatal con fines ajenos a la función pública.
La investigación será conducida por la Sala de Instrucción Disciplinaria del Ministerio Público, que busca esclarecer si durante la celebración y ejecución de convenios interadministrativos para el uso de aeronaves adscritas a la Policía Nacional, se incurrió en irregularidades administrativas o disciplinarias.
“La actuación disciplinaria que inició la Sala de Instrucción Disciplinaria busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas”, señaló oficialmente la Procuraduría General de la Nación.
Este escándalo ha generado una ola de críticas por el uso presuntamente político de recursos públicos, particularmente de bienes pertenecientes a la fuerza pública, lo cual podría vulnerar los principios de transparencia, neutralidad e imparcialidad del Estado. La controversia ha escalado hasta involucrar a otros entes de control.
En ese sentido, la Contraloría General de la República también se pronunció, solicitando explicaciones formales al actual ministro del Interior, Armando Benedetti. A través de una comunicación oficial, la entidad pidió información sobre la existencia de convenios o autorizaciones vigentes que justifiquen el uso de aviones oficiales para transportar a personas ajenas a la administración pública.
La Contraloría mostró su preocupación por la legalidad, la justificación y el sustento administrativo del viaje, e indicó que esta revisión hace parte de sus funciones de control preventivo para asegurar un uso correcto de los recursos públicos.
“El Ministerio del Interior deberá responder si existió o no autorización formal para dicho traslado, así como entregar los documentos que respalden esa decisión”, agregó un vocero de la Contraloría.
Esta situación también ha provocado debate en sectores políticos de oposición, donde se cuestiona el uso de medios institucionales para fines que podrían interpretarse como proselitismo político. Algunos congresistas han advertido que la utilización de aviones de la Policía Nacional para movilizar influenciadores constituye un abuso de poder y exige sanciones ejemplares si se comprueba una falta disciplinaria.
Por ahora, ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional han entregado declaraciones públicas sobre el caso. Sin embargo, se espera que las investigaciones en curso deriven en citaciones oficiales, recolección de pruebas documentales y testimoniales, y eventualmente, en sanciones si se confirman los hechos denunciados.
Este nuevo episodio añade tensión al ya complejo escenario político del país, donde se cuestiona el uso de la estructura estatal con fines ideológicos, mientras organismos de control luchan por garantizar la neutralidad institucional.
Y.A.
