La Procuraduría General de la Nación pidió al Tribunal Administrativo del Atlántico anular la elección de la diputada del Pacto Histórico, Alejandra Milena Moreno Astwood, por presuntas irregularidades en su inscripción como candidata para las elecciones del periodo 2024–2027.
La solicitud fue presentada por el Procurador 117 Judicial II ante el Tribunal, Javier Francisco Lizcano Rivas, quien en su concepto previo a la sentencia de primera instancia afirmó que la candidata no participó en la consulta interna del movimiento Colombia Humana, realizada el 23 de abril de 2023. Dicha consulta, según el Ministerio Público, fue válida y obligatoria, conforme a lo establecido en la Ley 1475 de 2011.
El funcionario argumentó que la inscripción de Moreno careció de requisitos legales fundamentales, al desconocer los resultados obligatorios de la consulta. “Esto constituye una vulneración del artículo 7 de la Ley 1475, que otorga carácter vinculante a estos mecanismos internos de selección”, sostuvo Lizcano.
Además, señaló que la inscripción de la candidatura se realizó de forma extemporánea, situación respaldada por el formulario E-6 AS, lo cual infringiría el principio de legalidad electoral. Según la Procuraduría, este hecho representa un vicio sustancial e insubsanable, según lo dispuesto en el artículo 275.4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Otro de los puntos cuestionados es que la coalición política que avaló a Moreno no contó con la participación formal de todos los partidos integrantes, lo que contraviene el artículo 29 de la Ley 1475. Esta situación, ya reprochada por el Consejo de Estado en casos anteriores, constituye una infracción a los principios del derecho electoral.
“La jurisprudencia ha sido clara: cuando una candidatura se aparta de los mecanismos democráticos internos, la elección debe declararse nula”, afirmó el Procurador Judicial.
Por todo lo anterior, la Procuraduría solicitó que se declare la nulidad del acto de elección contenido en el formulario E-26 ASA, así como la cancelación de la credencial otorgada a Alejandra Moreno. También pidió la anulación de todos los formularios y actos administrativos relacionados con la inscripción de su lista, y, de ser necesario, que se realicen nuevos escrutinios para definir quién ocupará la curul.
La decisión final queda ahora en manos del Tribunal Administrativo del Atlántico, que deberá analizar los argumentos y determinar si se confirma o no la validez del proceso electoral que llevó a Moreno a la Asamblea del Atlántico.
