La cartera de Minas y Energía se pronuncia en favor de la protesta social pacífica, recordando que la huelga es un derecho constitucional y debe ser respetado por empleadores y protegido por la fuerza pública.
En un hecho sin precedentes recientes, el Ministerio de Minas y Energía se sumó al respaldo institucional hacia la protesta social mediante la expedición de una circular oficial que reafirma el derecho de sus trabajadores a participar en el paro nacional de 48 horas, programado para los días 28 y 29 de mayo de 2025. La medida ha sido interpretada como un espaldarazo a las organizaciones sindicales y a los empleados públicos que se movilizarán en contra de decisiones legislativas que, según los convocantes, afectan negativamente sus derechos laborales y sociales.
La circular del Ministerio recuerda que el derecho a la huelga está consagrado en la Constitución Política de Colombia y en tratados internacionales ratificados por el país, y enfatiza que su ejercicio debe considerarse una herramienta legítima dentro de un Estado democrático. “El derecho a la huelga es un mecanismo democrático y civilizado para expresar las diferencias en una sociedad pluralista y diversa”, cita el documento.
Desde el Ministerio también se subraya que este derecho incluye no solo huelgas de tipo económico o gremial, sino también las denominadas huelgas políticas, tal como lo ha reconocido la Corte Constitucional en fallos recientes. Este tipo de manifestación busca hacer visible el desacuerdo con decisiones gubernamentales que inciden de manera directa en el entorno profesional y laboral de los trabajadores.
La cartera dirigida por el ministro Omar Andrés Camacho también envió un mensaje directo a los empleadores públicos y privados, exhortándolos a respetar el derecho a la protesta sin tomar medidas represivas, sancionatorias o intimidatorias contra quienes decidan participar en las movilizaciones. En ese mismo sentido, se solicita a la fuerza pública garantizar la seguridad y desarrollo pacífico de las manifestaciones convocadas en todo el territorio nacional.
El documento reitera los principios expresados por el presidente Gustavo Petro frente a la protesta social, destacando que:
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La fuerza pública no ejercerá violencia contra los manifestantes.
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Los manifestantes no agredirán a los cuerpos de seguridad.
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Los bienes públicos y privados deben ser protegidos.
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Las protestas no deben poner en riesgo la vida y la integridad de las personas.
Este respaldo se da en un contexto de creciente tensión política tras la decisión del Congreso de la República de negar la convocatoria de una consulta popular sobre 16 puntos esenciales relacionados con las reformas laboral y de salud impulsadas por el Gobierno. Como respuesta, múltiples centrales obreras y sindicatos del sector público han llamado a movilizarse de forma masiva, con el fin de exigir que se les escuche en el debate democrático sobre dichas transformaciones.
“Quien convoca a la huelga no es el Gobierno Nacional”, aclaró el ministro Armando Benedetti, quien también se ha manifestado a favor del respeto al derecho a la protesta, pero ha insistido en que esta debe desarrollarse sin afectar la funcionalidad de servicios esenciales ni poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Por su parte, las organizaciones sindicales han valorado positivamente la circular de Minminas, interpretándola como un avance en la defensa institucional de los derechos de los trabajadores. Para líderes gremiales, este tipo de respaldo envía un mensaje claro a otros ministerios y entidades del Estado sobre la importancia de proteger la libertad sindical y la libertad de expresión en momentos clave de la coyuntura nacional.
La circular también advierte que cualquier intento de criminalizar la protesta o sancionar disciplinariamente a los participantes sería contrario al espíritu constitucional y al respeto por los derechos fundamentales, sentando así un precedente importante sobre la relación entre el Estado y sus trabajadores.
Mientras tanto, se espera una participación amplia en las jornadas del 28 y 29 de mayo, que no solo contarán con la asistencia de trabajadores del sector energético, sino también de otros sectores públicos y sociales que han manifestado su preocupación por el rumbo de las reformas promovidas por el Ejecutivo y obstaculizadas en el Congreso.
Y.A.
