El Gobierno de Chile dio un paso decisivo en materia de derechos reproductivos al presentar ante el Congreso un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto sin necesidad de causales hasta la semana 14. La iniciativa, liderada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, materializa una de las principales promesas de campaña del presidente Gabriel Boric.
Durante el acto de radicación del proyecto, Orellana recordó que han pasado 36 años desde que se prohibió el aborto terapéutico en el país mediante un decreto de la dictadura de Augusto Pinochet. “Hoy abrimos un debate necesario, que ha sido postergado durante décadas”, afirmó la funcionaria.
El texto propone que el procedimiento pueda realizarse de manera ambulatoria hasta la semana 12 de gestación, mientras que los casos que requieran atención médica especializada serán atendidos en la red hospitalaria. El debate parlamentario iniciará el próximo lunes y se anticipa una discusión intensa, en un Congreso donde la derecha conserva mayoría.
Frente a las críticas anticipadas por parte de la oposición, Orellana hizo un llamado a discutir el tema con respeto y argumentos sustentados en evidencia. “No podemos seguir vetando un tema que sigue presente en la vida de miles de mujeres. El aborto existe, y es hora de abordarlo desde la salud pública y los derechos humanos”, sostuvo.
La ministra también envió un mensaje a las mujeres que han abortado: “No deben ser tratadas como delincuentes. El Estado no puede seguir castigándolas por tomar decisiones sobre su propio cuerpo”.
Avance después de años de estancamiento
La tramitación del proyecto había sido aplazada en 2024, a la espera de que la Contraloría aprobara un nuevo reglamento sobre objeción de conciencia, condición que se cumplió la semana pasada.
Actualmente, en Chile el aborto está permitido solo bajo tres causales —riesgo de vida para la madre, inviabilidad fetal y violación— gracias a una ley aprobada en 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet. Sin embargo, diversas organizaciones han denunciado dificultades para su aplicación efectiva.
La propuesta ha sido bien recibida por sectores progresistas y organizaciones feministas, quienes la consideran un avance fundamental para la autonomía de las mujeres. En contraste, los partidos conservadores han manifestado su rechazo frontal, augurando una férrea oposición durante el trámite legislativo.
Esta no es la primera vez que se intenta ampliar el derecho al aborto en Chile. En 2022, un proyecto de nueva Constitución que incluía el aborto libre fue rechazado por la mayoría del electorado, reflejando la profunda división social frente a este tema.
