#Atención | Presidente del Congreso, Efraín Cepeda, anunció que si el Gobierno convoca la consulta popular por decreto, presentarán una demanda ante el Consejo de Estado. “Estoy seguro que les tumban eso por arbitrarios”, dijo. pic.twitter.com/jp0dJ8ZGM4
— La FM (@lafm) May 28, 2025
El presidente del Senado calificó como ilegal y autoritaria la intención del Gobierno Petro de convocar una consulta popular por decreto y anunció acciones legales ante el Consejo de Estado.
Efraín Cepeda, presidente del Congreso de la República, encendió nuevamente la alarma institucional al advertir que el Gobierno Nacional estaría dispuesto a expedir un decreto para convocar una consulta popular si el Senado no toma una decisión sobre dicha iniciativa antes del primero de junio. Ante esta posibilidad, el congresista anunció que emprenderá acciones legales ante el Consejo de Estado, alegando una clara violación de la separación de poderes y una actitud autoritaria por parte del presidente Gustavo Petro.
“Pues es absolutamente ilegal, es una violación a la autonomía de dos poderes públicos, no solamente el legislativo sino el poder judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión debe ir hasta los jueces y ellos son los que toman la decisión, no de un solo plumazo”, señaló Cepeda, haciendo énfasis en el riesgo que representa que el Ejecutivo actúe sin los debidos controles constitucionales.
La advertencia surge en medio de crecientes tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso por la falta de consensos en temas trascendentales para el país. Desde el Gobierno se ha insistido en que la consulta es un mecanismo legítimo para impulsar reformas estructurales que han sido bloqueadas o dilatadas en el Legislativo. No obstante, la posibilidad de acudir a un decreto presidencial sin agotar los canales institucionales ha despertado inquietudes incluso en sectores que apoyan algunas de las reformas propuestas por Petro.
Ante este panorama, Cepeda fue enfático en su advertencia: “Si ellos quieren hacerlo, pues nosotros sí acudimos al Consejo de Estado. Estoy seguro que les tumban eso por arbitrarios”. Sus declaraciones refuerzan la posición del Congreso como contrapeso fundamental en el sistema democrático colombiano, y como un actor dispuesto a impedir lo que considera una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el senador le envió un mensaje directo al presidente Petro: “Le solicito respetuosamente que cese de usurpar funciones que corresponden a otros estamentos del Estado. Su pretensión de asumir roles que no le competen, como si el Estado fuera una extensión de su voluntad, evoca a los monarcas absolutos, no a los líderes demócratas”.
El mandatario, por su parte, ha sostenido que el Congreso ha dilatado injustificadamente el avance de las reformas estructurales, razón por la cual considera que el pueblo debe ser consultado directamente. Ha insistido en que, de no existir voluntad política en el Senado, no le quedaría más camino que acudir a la ciudadanía por medio de una consulta popular.
Sin embargo, el anuncio de convocarla mediante un acto administrativo unilateral, como lo sería un decreto presidencial, encendió las alarmas entre juristas, congresistas y defensores del orden constitucional. Para muchos, dicha acción violaría principios fundamentales del Estado de Derecho, al pasar por alto las competencias del Congreso y del poder judicial, que son los llamados a definir estos conflictos.
En medio de este debate, sectores de la oposición y de distintas bancadas han manifestado su respaldo a Cepeda, considerando que el intento del Ejecutivo de avanzar por decreto representa una amenaza a la institucionalidad. Otros sectores, más afines al gobierno, han guardado silencio, o en algunos casos han defendido la consulta como una salida política ante lo que consideran un Congreso poco receptivo.
El pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo entra así en una nueva fase, marcada por la judicialización del conflicto político. La demanda anunciada por Cepeda podría representar un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre el presidente Petro y el Congreso. Mientras tanto, el país observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que lo que está en juego va mucho más allá de una consulta, tocando el núcleo del equilibrio de poderes que sustenta la democracia colombiana.
Y.A.
