La problemática del agua en Santa Marta ha sido objeto de controversia y promesas incumplidas a lo largo de los años, involucrando a clanes políticos, concesiones y proyectos fallidos.
Por la redacción Web de La Libertad Cuando Carlos Caicedo propuso acabar con la concesión de Metro Agua y solucionar la crisis hídrica utilizando los caudales del río Huachaca, se desató una serie de maniobras por parte de los clanes Vives y DiazGranados, quienes históricamente se habían beneficiado del negocio del agua a través de Metro Agua e Inassa. Estos clanes, en asocio con Fernando Arboleda, exgerente de Metro Agua, impulsaron un estudio de la Universidad de los Andes, financiado por Metro Agua y Findeter, para promover la concesión del agua desde el río Magdalena. Este estudio excluyó otras soluciones y fue presentado a Juan Manuel Santos, quien bloqueó la iniciativa de Guachaca. Sin embargo, la coyuntura política cambió y los clanes Vives y DiazGranados tuvieron que ceder espacio a los Char y los Cotes. Durante el gobierno de Duque, la APP impulsada por Rosa Cotes fue traicionada por el Clan Char, quien votó con Uribe por Duque. Vargas Lleras, en represalia, ordenó revocar la APP y devolver los fondos destinados al negocio del agua al Ministerio de Hacienda. Duque, a pesar de prometer soluciones durante su campaña, desestimó el proyecto de Santos. El entonces ministro de vivienda, junto con Rafael Martínez, armaron nuevas soluciones, pero las intrigas de los empresarios de la política y los clanes impidieron que Duque financiara esta solución. El entonces MinVivienda Jonathan Malagón, en 2019, presentó una oferta fraccionada en varios años, sujeta a vigencia futura. Rafael Martínez logró que el Consejo aprobara vigencias futuras por 890 mil millones de pesos, pero fue sacado de la Alcaldía por la Fiscalía, y Andrés Rugeles Pineda desarmó las soluciones propuestas y revivió el negocio del río Magdalena. Rugeles encaminó su gobierno provisional a la construcción de un megacueducto regional, impulsado por los clanes De Granados, Cotes y Dávila. Sin embargo, el Consejo de Santa Marta revocó las vigencias futuras aprobadas. En venganza, Andrés Rugeles Pineda afectó a la empresa Essmar al reducir las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado por debajo de los costos de operación, generando un déficit. Al regresar Rafael Martínez a la alcaldía, la APP del río Magdalena estaba desfinanciada y las soluciones propuestas por él y por Malagón, sin estradas.El regreso a la propuesta Original y Nuevos Obstáculos
Con Caicedo en la gobernación y Virna en la alcaldía, se retomó la propuesta original de Caicedo del río Guachaca. Se financiaron los estudios, los diseños y su propuesta en fase 3, lista para su contratación, gracias a las vigencias futuras gestionadas por Virna en el consejo. Sin embargo, la solución enfrentaría un nuevo ataque. Duque, antes de dejar el cargo, ordenó intervenir a las partes, y los clanes DiazGranados y Dávila, ahora con el clan Pinedo, el Centro Democrático y Cambio Radical, intentaron revivir el negocio del río Magdalena. Petro también prometió una solución, pero su ministra de vivienda, con agenda política propia, utilizó la solución del agua como medio de presión. Al no obtener el respaldo de Caicedo, obstaculizó la financiación de una parte de la solución. Los clanes se unieron a la entonces ministra Velasco, con el apoyo de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y los clanes De Granados, Pinedo y Dávila, para torpedear la solución, logrando declarar desierta la licitación de la solución definitiva a la crisis del agua. La ministra regresó a Santa Marta buscando espacio político con sus nuevos aliados, y los empresarios de la política, dueños de la franquicia del Centro Democrático, intentaron reactivar el negocio del río Magdalena. La ministra, Pinedo y los empresarios del Centro Democrático, en alianza con renegados de Fuerza Ciudadana, los Char y otros, buscan revivir el negocio del agua del río Magdalena y esperan que con Petro en la presidencia de la República lo financie. Así, la historia de la captación del río Magdalena continúa, un negocio que los clanes han intentado montar, condenando a los samarios a no tener una solución definitiva a la crisis del agua en los últimos 12 años.
