El pasado 24 de mayo, durante un foro del Centro Democrático en Cali, la senadora y aspirante presidencial Paola Holguín se dirigió a las Fuerzas Militares y a la Policía, en medio del contexto de movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro en respaldo a su consulta popular y reformas sociales. Holguín aseguró que, aunque Petro ostenta el cargo de Comandante en Jefe, los uniformados no están obligados a cumplir órdenes que contravengan la Constitución o las leyes del país.
En su intervención, también se dirigió a empresarios, medios de comunicación y ciudadanos, recordando que el Estado tiene la responsabilidad legal y constitucional de garantizar la seguridad y el orden. “No están solos”, afirmó, refiriéndose a la protesta social, al tiempo que recalcó que los actos violentos y vandálicos no deben tolerarse: “Petro ganó las elecciones, pero la Constitución sigue vigente”, enfatizó.
Una propuesta de sometimiento sin impunidad
Holguín presentó su propuesta para enfrentar las estructuras criminales que operan en Colombia. Subrayó que estas organizaciones no deben recibir reconocimiento político, ya que actúan como redes de narcotráfico y terrorismo, y deben ser tratadas como tal. Criticó que en nombre de la paz, algunos gobiernos hayan descuidado la seguridad. Según ella, una paz verdadera solo es posible con justicia y protección ciudadana.
Prometió, de llegar a la presidencia, impulsar una ley de sometimiento con cero impunidad, basada en los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Recordó que ya había presentado una iniciativa similar en el Congreso en 2017. Esta normativa, según dijo, serviría para someter a más de 190 estructuras criminales identificadas por organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación.
Críticas a la JEP
Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Holguín sostuvo que aunque tiene reconocimiento nacional e internacional, carece de legitimidad y legalidad por su origen en el acuerdo con las Farc, rechazado en el plebiscito. Aseguró que el tribunal fue diseñado por victimarios y criticó su alto costo y escasos resultados: “En seis años no hay una sola condena en firme contra las Farc”.
También recordó casos polémicos, como la no extradición de alias ‘Santrich’, quien posteriormente escapó de la justicia. Añadió que insistirá en la creación de una sala judicial especial para los miembros de la Fuerza Pública, diferenciándolos de los grupos criminales.
