Bloqueos e inseguridad paralizan el sector bananero en Magdalena: “No podemos hacer la tarea del gobierno”

El gerente de Banasan, Carlos Pinilla, denunció durante el Congreso Bananero Colombiano los impactos de los bloqueos viales y la violencia en la región, que ponen en riesgo las exportaciones y la seguridad de pequeños productores.

La situación del sector bananero en el departamento del Magdalena atraviesa uno de sus momentos más críticos debido a la combinación de bloqueos viales recurrentes, deterioro de la infraestructura logística y un creciente clima de inseguridad rural. Así lo denunció el gerente general de Banasan, Carlos Pinilla, durante su intervención en el Tercer Congreso Bananero Colombiano, realizado esta semana.

Pinilla lanzó una advertencia categórica: “El sector privado no puede hacer la tarea del gobierno”. Su afirmación resume la frustración que sienten los empresarios del agro frente a una institucionalidad que, en su opinión, ha sido incapaz de garantizar condiciones mínimas de operación para una actividad que genera empleo, divisas y desarrollo en la región.

El gerente de la tercera comercializadora de banano más importante de Colombia explicó que en el último año se han registrado entre siete y ocho bloqueos viales en el departamento, muchos de ellos liderados por comunidades que exigen al Estado la solución de problemas estructurales como el acceso al acueducto, el alcantarillado, la educación y el arreglo de las vías rurales. Estos bloqueos se producen en una carretera única, que concentra el flujo de toda la producción bananera hacia los puntos de exportación, principalmente el puerto de Santa Marta.

“Los tiempos en esta industria son muy precisos. Si la fruta no entra al contenedor en menos de 24 horas desde su corte, se pierde el ciclo. Lo que debía llegar hoy en la tarde, llega mañana en la mañana, y eso afecta a toda la cadena de exportación”, explicó Pinilla.

Sin embargo, el directivo aseguró que el problema más grave que enfrenta actualmente el sector no es logístico, sino de seguridad. “Aquí hay un tema complejo con unas fuerzas ilegales que están chocando muy fuerte entre ellas. Nosotros, como empresarios, trabajadores y comunidad en general, estamos quedando en medio de ese conflicto”, afirmó.

Banasan opera con unas 400 fincas bananeras, de las cuales 300 pertenecen a pequeños productores. Según Pinilla, estas personas enfrentan un panorama de amenazas, extorsión y violencia sistemática. En las últimas semanas, varias fincas han registrado incidentes armados, y se han reportado asesinatos de trabajadores tanto en predios de Banasan como en fincas de otras comercializadoras.

“Cuando muere un trabajador, eso hace mucho ruido. Es una situación que se está volviendo más frecuente, y el sector privado no puede reemplazar al Estado en la protección de los territorios”, dijo con vehemencia Pinilla.

Ante esta realidad, el gerente hizo un llamado urgente al gobierno nacional, así como a las autoridades militares y judiciales. “Es necesario que se le preste atención a lo que está ocurriendo. Nos estamos viendo seriamente afectados. Hay trabajadores que ya no quieren ir a las fincas por miedo. Esto no pasa solo en Santa Marta, está pasando en todo el país”, advirtió.

En medio de este panorama adverso, Banasan conmemora sus 20 años de existencia. Fundada por un grupo de socios visionarios, la compañía ha crecido hasta consolidarse como una de las más importantes del país en el mercado del banano de exportación. Pinilla aseguró que la empresa mantiene su enfoque en sostenibilidad y que el compromiso con el país es inquebrantable: “Tenemos un mandato de crecimiento muy agresivo. Vamos a seguir creciendo y haciendo patria”.

La denuncia del gerente de Banasan se suma a otras alertas lanzadas recientemente por gremios de transporte y comercio exterior, como Fedetranscarga, que advierte sobre pérdidas millonarias por demoras y afectaciones logísticas en zonas portuarias como Buenaventura.

El deterioro de las condiciones de seguridad y movilidad en regiones productivas del Caribe colombiano plantea una discusión urgente sobre la capacidad del Estado para proteger sectores estratégicos de la economía nacional y garantizar la permanencia de sus inversiones en zonas rurales.

En tanto, los productores y trabajadores del Magdalena siguen esperando que el gobierno asuma su rol y devuelva la tranquilidad a una región que, pese a los desafíos, sigue comprometida con el desarrollo agrícola del país.

Y.A.