Aunque en la primera entrega se destaparon contratos familiares y padrinazgos políticos detrás del servicio de transporte escolar, nuevas voces revelan las condiciones críticas en las que operan los transportadores étnicos: pagos miserables, exigencias imposibles y vehículos en mal estado. ¿Quién responde por esta cadena de negligencia?
Por Lina María Peña
El pasado 6 de mayo, Elartículo.co reveló a través de una investigación las redes de contratación familiar y los padrinazgos políticos que han convertido el transporte escolar en La Guajira en una tragedia silenciosa. Contratos millonarios adjudicados a empresarios cercanos al poder político, irregularidades en los procesos de selección y una débil vigilancia institucional dejan en evidencia cómo los niños guajiros quedan atrapados entre la corrupción y el abandono estatal.
Esta segunda entrega recoge los testimonios de quienes viven esa realidad desde el terreno: transportadores comunitarios, padres de familia y líderes indígenas que prestan el servicio escolar con sus propios vehículos, en zonas rurales donde ni siquiera existen vías pavimentadas. Lo que cuentan es alarmante: sobrecupo, retrasos en los pagos, exigencias desproporcionadas y una flota envejecida que pone en riesgo la vida de los menores. Todo esto, mientras el valor de los contratos sigue aumentando.
“Nos exigen busetas, pero no nos pagan ni para cambiar una llanta”
El 2025 inició con un nuevo contrato de transporte escolar por más de 51 mil millones de pesos, pero el panorama para los transportadores étnicos no ha mejorado. “Este año el aumento fue solo de 15 mil pesos. Con eso no alcanza ni para una manguera”, afirma uno de los líderes entrevistados.
Mientras las empresas contratistas presionan por el uso de busetas modernas, en las comunidades indígenas se sigue prestando el servicio con vehículos 4×4 modelo 2006 o más antiguos. ¿La razón? “Esos son los únicos carros que pueden entrar a zonas sin vías pavimentadas. Pero nos exigen renovar flota sin mejorar los pagos”.
La contradicción es evidente. Los contratistas exigen condiciones que ni ellos mismos cumplen. “Ellos tienen buses del 96 y del 2001, incluso más viejos que los nuestros. Y esos sí están circulando en cabeceras municipales”, denuncia el transportador.
El sobrecupo, una consecuencia de la mala planeación
La sobrecarga de pasajeros en los vehículos escolares no es una decisión de los conductores, sino una respuesta a la falta de rutas asignadas. Cómo por ejemplo en el Internado Indígena Cuepa, se requieren al menos 31 rutas escolares, pero solo se han asignado 22. Las consecuencias son previsibles: hacinamiento, recorridos duplicados y una logística improvisada.
“Eso lo definieron los rectores y la Secretaría de Educación en un estudio. Nosotros solo cumplimos lo que nos dicen, pero los niños tienen que ir apretados porque no hay más carros”, explican los prestadores del servicio.
Retrasos sistemáticos en los pagos
A los problemas operativos se suman los financieros. En mayo de 2025, los transportadores aún no han podido facturar el mes de abril. “La empresa no recibe las facturas. Dicen que toca esperar 30 días después del servicio, pero ya pasó más de un mes y no hay respuesta”, aseguran.
Esta situación afecta también a los conductores y monitores, quienes reciben salarios bajos y pagos atrasados. “El conductor gana el mínimo legal. Los monitores apenas reciben 700 mil pesos. Y todo eso se demora. Estamos a mitad de mayo y nada que pagan abril” asegura nuestro líder indígena.
Interventoría fantasma… los mismos con las mismas
La interventoría que es quizá el modelo más importante para garantizar el cumplimiento a cabalidad de un contrato público, en este caso según la información que desde Elarticulo.co se ha podido recolectar, esta a cargo de la Unión Temporal llamada Intrascol.
Según expertos en la materia por el monto, y el objetivo que tiene la interventoría, esta debe ser adjudicada a un tercero, por eso debe haber una licitación publica paralela a la convocatoria que se hace para escoger el servicio de transporte escolar.
Sin embargo, para este contrato que puntualmente se ha ejecutado en el periodo del 2024, detrás de esa interventoría estaría presuntamente la señora Diala Patricia Wilches Cortina ex gobernadora de la Guajira y el señor Enrique Freyle Melo ex secretario de apoyo a la Gestión en la gobernación de la Guajira, esta versión según fuentes que han pedido se proteja su identidad.
Si esta es la situación, se hablaría entonces de una firma interventora fantasma, que solo sigue cumpliendo cuotas políticas, teniendo en cuenta que la señora Diala Wilches esta en la baraja de las candidatas a la Cámara en la Guajira.
Hablamos con nuestro líder indígena, y le preguntamos por el ejercicio de esta interventoría y su testimonio fue el siguiente: Ausencia del agente interventor. “No hemos recibido ni una visita este año. El año pasado hubo un accidente con dos vehículos y tampoco apareció nadie”.
Por otro lado la Secretaría de Educación Departamental debería ejercer vigilancia sobre el contrato, y al parecer su papel también ha sido nulo. “Ellos brillan por su ausencia. Aquí nadie supervisa nada” asegura nuestro líder invitado.
¿Quién responde?
El drama del transporte escolar en La Guajira no es nuevo, pero cada vez se agrava más. Mientras los contratos crecen en valor y las exigencias son más estrictas para los transportadores étnicos, la falta de voluntad política, la negligencia institucional y el silencio de los órganos de control permiten que las condiciones sigan deteriorándose.
¿Hasta cuándo se seguirán firmando contratos multimillonarios mientras los niños indígenas viajan en condiciones indignas? ¿Quién protege a los transportadores comunitarios que arriesgan sus vehículos, su tiempo y su seguridad por apenas un salario mínimo? Y sobre todo: ¿quién responde por esta cadena de omisiones?
