El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, advirtió que la iniciativa tiene presuntos vicios de trámite, pero aseguró que será tramitada conforme a la ley, mientras la oposición ya interpuso denuncias penales contra el gabinete.
En medio de una creciente polémica política y jurídica, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, anunció que el Senado de la República se pronunciará en los próximos días sobre la nueva consulta popular presentada por el Gobierno Nacional, pese a las advertencias de que esta podría tener vicios de trámite. La propuesta, que ahora incluye 16 preguntas —las mismas 12 sobre derechos laborales y cuatro adicionales sobre la reforma a la salud— ha sido duramente cuestionada tanto por congresistas como por expertos constitucionalistas.
“Lo vamos a hacer dentro de los 20 días, estamos ya fijando la fecha para pronunciarnos, pero a su vez estamos animando a la Comisión Cuarta del Senado que está estudiando la reforma laboral”, declaró Cepeda en declaraciones a medios. Con ello, confirmó que se respetará el plazo constitucional y legal para que el Congreso dé su opinión sobre esta nueva iniciativa que ha sido interpretada por muchos como una vía alterna del Ejecutivo para imponer reformas negadas por el Legislativo.
No obstante, el propio Cepeda hizo un llamado a que se logre un consenso dentro de la Comisión Cuarta del Senado, que actualmente analiza el texto de la reforma laboral, la cual fue rechazada en su primer intento en el Congreso. Para Cepeda, si se logra aprobar esa reforma por vía legislativa, la consulta perdería sentido.
“Si sale una reforma laboral, mucho menos se necesita una consulta popular que vale 800.000 millones de pesos, que no conduce a nada porque todos sabemos que no se va a lograr el umbral de los 13 millones 600 mil votos”, puntualizó el dirigente conservador, en una crítica directa al uso de herramientas de participación ciudadana con fines que, según él, serían ineficaces.
Uno de los puntos más sensibles de la discusión gira en torno a la legalidad del trámite de la consulta. Cepeda, aunque aclaró que no es abogado, admitió haber escuchado múltiples versiones sobre presuntas irregularidades en la radicación del documento. El principal señalamiento apunta a que la consulta no fue firmada por el presidente Gustavo Petro, como exige la ley, sino por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, actuando con funciones delegatarias.
“Sí he escuchado que tiene muchos vicios y además tiene las mismas 12 preguntas que ya se negaron, y un proyecto negado en el Congreso no se puede presentar en la misma legislatura, sino en la siguiente. Está el tema de que debió ser radicada por el presidente de la República y no por un ministro delegatario”, señaló Cepeda, dejando claro que aunque el Senado tramitará la propuesta, será la justicia la que deberá definir su validez.
El presidente del Congreso también fue enfático en que, pese a los cuestionamientos, el Senado cumplirá su deber institucional. “Tiene unos vicios de trámite que no estamos en este momento para calificarlos, será el poder judicial. A nosotros nos corresponde cumplir con el deber, que es darle trámite en el Senado de la República y así lo vamos a hacer”, concluyó.
Mientras tanto, la oposición ya ha dado pasos más concretos en su rechazo a la iniciativa. Un grupo de congresistas opositores presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y los otros 18 ministros del gabinete, alegando que firmaron la nueva consulta popular sin tener facultades legales, dado que no contaban con la firma del presidente Petro.
Este nuevo capítulo del enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo se da en un clima de creciente tensión política, donde la agenda reformista del gobierno de Gustavo Petro enfrenta obstáculos no solo en el plano legislativo, sino ahora también judicial. La consulta popular, vista inicialmente como una herramienta de presión desde el Ejecutivo, podría convertirse en un boomerang jurídico si se confirman las presuntas irregularidades.
Los próximos días serán cruciales para definir el destino de esta iniciativa, mientras el país observa con atención el desarrollo de los acontecimientos en el Congreso y en los estrados judiciales.
Y.A.
