La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de dejar por fuera a la UBPD en un espacio de discusión sobre financiamiento desata nuevas tensiones, pone en entredicho la articulación entre entidades del Sistema Integral de Paz y deja en evidencia el déficit estructural que afecta la labor humanitaria de búsqueda de más de 127.000 desaparecidos.
Una nueva controversia sacude el engranaje del Sistema Integral de Paz. La reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de excluir a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) de una audiencia crucial sobre fortalecimiento presupuestal ha reavivado las tensiones entre estas dos entidades, cuya coordinación resulta esencial para la atención de uno de los legados más dolorosos del conflicto armado colombiano: las más de 127.000 personas desaparecidas.
El auto del magistrado Raúl Eduardo Sánchez, fechado el 19 de mayo, sostiene que la UBPD ya cuenta con los recursos necesarios para cumplir sus funciones en 2025. En concreto, el documento resalta que la entidad tiene asegurados $76.273 millones para proyectos de inversión en ejecución y que ha gestionado de forma satisfactoria su anteproyecto presupuestal para 2026.
“La información técnica y presupuestal recopilada demuestra que, para la vigencia 2025, la UBPD ha contado con los recursos necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento dentro del Sistema Nacional de Búsqueda”, se lee en el texto, en poder de Colombia+20.
La medida, sin embargo, fue recibida con desazón por parte de la UBPD, que cuestionó de fondo los argumentos del tribunal de paz. En un comunicado oficial, la Unidad lamentó la exclusión de una instancia que considera vital para evidenciar su situación presupuestal real, y negó que se haya alcanzado el fortalecimiento financiero adecuado.
La entidad denunció que desde su creación ha acumulado un déficit estructural del 19% respecto al presupuesto solicitado entre 2018 y 2025. Para este año, por ejemplo, pidió $220.385 millones pero recibió apenas $193.842 millones, una diferencia del 12% que ha impactado directamente en la financiación de misiones humanitarias en territorio.
“La afirmación de la JEP —según la cual ya se habría alcanzado un fortalecimiento presupuestal satisfactorio— desconoce las comunicaciones enviadas, el déficit acumulado y los resultados fallidos de las mesas técnicas interinstitucionales”, señaló la UBPD.
Más allá del plano financiero, lo que más preocupa es que esta decisión haya sido tomada sin que la UBPD fuera escuchada o convocada. En su declaración, la Unidad denunció que las mesas técnicas creadas por orden judicial no han producido resultados tangibles y que no se les brindó la posibilidad de pronunciarse sobre la información presupuestal presentada por otras entidades gubernamentales.
“No se dio la posibilidad a la Unidad de Búsqueda de pronunciarse con relación a la información reportada por las entidades del Gobierno competentes en garantizar el adecuado funcionamiento de uno de los mecanismos del Sistema Integral de Paz”, advierte el comunicado.
La falta de un presupuesto robusto y el escaso diálogo institucional no solo comprometen el funcionamiento de la entidad, sino que también limitan su capacidad para buscar de manera efectiva a los desaparecidos. Entre los puntos críticos que menciona la UBPD están la afectación de la búsqueda humanitaria y extrajudicial, la participación de las víctimas y el desarrollo de las capacidades logísticas y tecnológicas necesarias.
Un aspecto clave es que el Sistema Nacional de Búsqueda, como espacio de coordinación estatal, no cuenta con un presupuesto propio. Cada entidad participante, entre ellas la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal, debe asumir con sus recursos ya asignados los costos de las tareas de articulación. Esta carencia de recursos adicionales ha sido un obstáculo sistemático.
“El Sistema Nacional de Búsqueda, como espacio de articulación, no cuenta con presupuestos adicionales, sino que cada entidad debe disponer de los recursos ya asignados para los aportes que se requieran en el marco de sus competencias”, explica la UBPD.
La Escombrera, otra herida abierta
El conflicto institucional no es nuevo. De hecho, uno de sus puntos más visibles ha sido la gestión de la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera, en la ciudad de Medellín, considerada por expertos como la fosa común urbana más grande del mundo.
Este miércoles, paralelamente a la publicación del auto, la JEP y la Alcaldía de Medellín ofrecieron una rueda de prensa para anunciar el inicio del proceso de formulación del proyecto que convertirá La Escombrera en un lugar de memoria. En el evento participaron el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y el alcalde Federico Gutiérrez. Sin embargo, la gran ausente fue precisamente la Unidad de Búsqueda, a pesar de que es la entidad encargada de las labores de excavación y localización.
Durante la rueda de prensa, el alcalde Gutiérrez fue enfático:
“Lo que le ha pedido la JEP (a la UBPD) es presentar el plan, pero también el mecanismo de financiación. Está muy claro. ¿Quién debe poner los recursos de la UBPD? el Gobierno Nacional. ¿Por qué no está la UBPD en este momento en La Escombrera si debería estar ahí ya trabajando? Porque no tienen los recursos que le corresponde entregar al Gobierno. Así de claro”.
Sus palabras, aunque directas, retratan con nitidez el laberinto presupuestal en que se encuentra la UBPD. La paradoja es que mientras se reconoce su rol protagónico en la búsqueda de desaparecidos, no se le otorgan las herramientas para ejercerlo con eficacia.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, también intervino para expresar su disposición a trabajar con la UBPD. No obstante, este gesto conciliador contrasta con la exclusión de la entidad de una audiencia presupuestal clave.
Las tensiones han escalado en otras ocasiones. En febrero pasado, la UBPD también expresó su inconformidad por el manejo comunicacional que la JEP dio a los hallazgos de restos óseos en La Escombrera. Según versiones conocidas por este medio, la Unidad reclamó que se llevó prensa al sitio sin establecer protocolos adecuados, exponiendo a los medios a zonas sensibles.
“El día de la rueda de prensa en La Escombrera, los periodistas estaban ubicados casi a un metro de donde estaban algunos restos óseos”, afirmó una fuente cercana al proceso.
A esto se suma la falta de preparación emocional para las familias de las víctimas que asisten a los sitios de búsqueda, y las dificultades técnicas para la identificación de cuerpos. Hasta la fecha, se han encontrado restos óseos de cuatro personas y solo dos han sido identificadas plenamente.
La crisis de confianza
El fondo de esta controversia trasciende lo presupuestal. Lo que se revela es una crisis de confianza entre entidades que deben actuar en articulación. Para la UBPD, la planeación presupuestal que utiliza la JEP no considera la dimensión real del mandato de búsqueda, el cual es descentralizado, participativo, sensible al enfoque de derechos y de larga duración.
Por su parte, la JEP parece asumir que el cumplimiento formal de los trámites de asignación equivale a la existencia real y suficiente de recursos, sin considerar los obstáculos operativos que afectan su ejecución.
Lo que está en juego no es solo una diferencia de criterios, sino la posibilidad misma de que el país avance en el esclarecimiento de uno de los peores crímenes del conflicto armado: la desaparición forzada. La falta de recursos, la ausencia de coordinación efectiva y la exclusión de espacios de diálogo solo profundizan las brechas institucionales.
Contra el auto de la JEP, la entidad advierte que “no procede recurso alguno”. Esta decisión unidireccional cierra la puerta a un debate democrático y técnico sobre cómo deben ejecutarse las políticas de búsqueda. Y deja a la UBPD navegando en aguas turbulentas, sin los remos necesarios para cumplir con su mandato.
A pesar de las adversidades, la UBPD ha reiterado su compromiso con las familias de las víctimas. Anunció que seguirá en pie de lucha, buscando respaldo tanto del Gobierno Nacional como de organismos internacionales, para garantizar el derecho a la verdad y a la memoria colectiva.
En un país donde las heridas del conflicto aún supuran, la desaparición de una persona no es solo una tragedia individual, sino un crimen que paraliza comunidades enteras. Las diferencias entre la JEP y la UBPD no pueden convertirse en obstáculos para que las familias encuentren respuestas. Porque buscar a los desaparecidos no es solo un deber del Estado, sino un acto de humanidad.
Y.A.
