La fiscal Lucy Laborde acusó a la defensa de Nicolás Petro, hijo del presidente, de querer desviar el proceso legal hacia un escenario político, mientras se debate la validez de testimonios y pruebas solicitadas por la defensa.
En una audiencia cargada de tensiones jurídicas y con implicaciones políticas de alto calibre, la Fiscalía General de la Nación se pronunció con firmeza frente a la estrategia legal adoptada por la defensa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. La fiscal del caso, Lucy Laborde, señaló que se está intentando “convertir un juicio estrictamente jurídico en un juicio político”, una movida que, según la representante del ente acusador, resulta “inadmisible”.
El abogado Alejandro Carranza, defensor del exdiputado del Atlántico, ha solicitado al juez Hugo Carbonó la admisión de una serie de documentos y testimonios, entre ellos los de figuras de alto perfil como el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la exvicefiscal Martha Mancera, el empresario Gabriel Hilsaca, y el político Máximo Noriega. Estas solicitudes, según la Fiscalía, no solo desbordan los márgenes del caso penal, sino que apuntan a desviar el curso del juicio hacia un debate público de tintes políticos.
El caso se remonta a 2023, cuando Nicolás Petro fue señalado por presunto enriquecimiento ilícito al no poder justificar ingresos por 1.054 millones de pesos. De acuerdo con la investigación liderada inicialmente por el fiscal Mario Burgos, el dinero habría sido entregado por personas como Gabriel Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra, alias el hombre Marlboro, con el propósito de ser destinado a la campaña Petro Presidente 2022 en la Costa Caribe. Sin embargo, según la Fiscalía, parte de esos recursos habrían terminado en manos de Petro hijo para su beneficio personal.
Un giro clave en el caso fue la colaboración de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien fue capturada en 2023 junto al exdiputado. Vásquez negoció un principio de oportunidad con la Fiscalía, entregando como prueba su teléfono celular con conversaciones que comprometerían a Petro. Aunque el propio Nicolás Petro intentó también llegar a un acuerdo con el fiscal Burgos, esa negociación se vino abajo, y hasta la fecha no se ha alcanzado ningún trato con la actual fiscal Laborde.
Durante la audiencia más reciente, la fiscal Laborde cuestionó duramente la admisibilidad de las entrevistas ofrecidas a medios de comunicación por el exfiscal general Francisco Barbosa y el fiscal delegado Mario Burgos. Según Laborde, estas declaraciones no cumplen con los requisitos legales para ser tomadas como prueba dentro del proceso penal, ya que no se constituyen como testimonios de acreditación válidos.
«El proceso debe centrarse en hechos y pruebas dentro del marco jurídico, no en discursos externos que buscan influir en la opinión pública», enfatizó Laborde, mientras solicitaba al juez Carbonó que se rechacen estas entrevistas como elementos probatorios.
Las declaraciones de la fiscalía dejan en evidencia la alta tensión que rodea este juicio, donde convergen intereses políticos, mediáticos y judiciales. Mientras tanto, la defensa insiste en la importancia de los testimonios que ha solicitado, argumentando que estos permitirán contextualizar adecuadamente los hechos. El abogado Carranza sostiene que las personas que busca convocar jugaron roles clave en los acontecimientos que rodean el caso, ya sea como presuntos aportantes o como figuras con conocimiento de las dinámicas internas de la campaña presidencial y su financiamiento.
Por su parte, el entorno del presidente Gustavo Petro se ha mantenido al margen del proceso, sin pronunciamientos oficiales, dejando que el caso avance en el terreno judicial. No obstante, los intentos de vincular el proceso a su figura y a la campaña que lo llevó a la presidencia siguen alimentando la percepción pública de que este juicio no es uno más en la justicia ordinaria, sino un campo de batalla con profundas implicaciones políticas.
A medida que el caso avanza, el país observa con atención cómo se desarrollan las audiencias, esperando respuestas concretas y un fallo que despeje las dudas sobre la legitimidad del financiamiento de la campaña de 2022 y el papel que jugó en ella el hijo del jefe de Estado.
Y.A.
