El presidente es señalado por presunta traición a la patria, espionaje, mala conducta y prevaricato por omisión, tras publicar en redes una imagen con datos de inteligencia militar sobre la ubicación de guerrilleros en Norte de Santander.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha decidido avocar conocimiento de la denuncia penal interpuesta en contra del presidente Gustavo Petro Urrego por la presunta comisión de varios delitos relacionados con la revelación de información de seguridad nacional. Entre las conductas señaladas se encuentran mala conducta, espionaje, traición a la patria y prevaricato por omisión, a raíz de la publicación que el jefe de Estado hizo en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.
El caso ha causado controversia luego de que el mandatario compartiera una imagen que, según se ha dicho, estaría en poder de la inteligencia militar. En la publicación, se evidenciaban coordenadas militares específicas que ubicaban supuestamente a miembros del grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional) en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
Dicha acción fue duramente criticada por diversos sectores políticos, que la calificaron como un acto irresponsable y riesgoso para la seguridad del país. Alegan que, al hacer públicas estas coordenadas, Petro habría permitido que los subversivos se reubicaran, frustrando así posibles operativos de las Fuerzas Militares.
La senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, fue quien interpuso la acción judicial. El pasado 21 de mayo, anunció que había sido notificada por parte de la Comisión sobre el inicio formal del proceso:
«Me está notificando la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que avoca conocimiento de mi denuncia contra Gustavo Petro por indignidad por mala conducta, espionaje, traición a la Patria y prevaricato por omisión», afirmó Cabal.
Asimismo, la congresista señaló que será citada en los próximos días para ampliar y ratificar su denuncia. “Petro no está por encima de la Constitución y la Ley”, añadió.
El proceso quedó en manos del representante Carlos Alberto Cuenca, quien fue designado como representante investigador del caso, de acuerdo con la Resolución de Reparto No. 429 del 17 de febrero de 2025. Cuenca será el encargado de determinar si procede o no la apertura de una investigación preliminar contra el mandatario, de conformidad con los procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia y la Ley 600 de 2000.
En el documento de sustento del auto, el investigador solicitó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara su acompañamiento para llevar a cabo la diligencia de ampliación. En dicho oficio también se solicita la citación formal de la senadora Cabal, para lo cual se ha dispuesto contacto a través del correo institucional del Congreso.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Presidencia de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre este procedimiento en curso. No obstante, voceros cercanos al gobierno han defendido la actuación del presidente, señalando que su intención era denunciar la continuidad del conflicto armado y promover el debate público sobre la política de seguridad del Estado.
El caso también ha sido visto por algunos sectores como parte del clima de polarización política que atraviesa el país. En particular, se ha planteado la necesidad de evaluar si la conducta atribuida al presidente encaja efectivamente en los delitos mencionados, o si se trata de una interpretación política de sus publicaciones.
De confirmarse alguna irregularidad, el proceso podría escalar hacia instancias judiciales más altas, e incluso tener consecuencias institucionales para el mandatario. Por ahora, la Comisión de Acusación deberá decidir si se abre una indagación preliminar formal, lo cual marcaría un hecho sin precedentes en la historia reciente del país respecto al juzgamiento de un presidente en ejercicio.
Y.A.
