Más de 40 artículos ya cuentan con consenso, mientras persisten debates sobre recargos nocturnos, dominicales y contratación en plataformas digitales.
En medio de intensas jornadas de negociación que se extienden hasta la madrugada, los congresistas ponentes de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado han logrado avanzar significativamente en la redacción del proyecto que busca transformar las condiciones de empleo en Colombia. A pocos días de la presentación oficial de la ponencia para el tercer debate, fuentes legislativas confirmaron en primicia a La FM que ya se han alcanzado consensos sobre más de 40 artículos de los más de 80 que componen la iniciativa.
Este avance se da tras la revivida reforma laboral, que fue rescatada en la plenaria del Senado la semana pasada, luego de haber sido archivada previamente en la Cámara de Representantes. El nuevo impulso busca integrar elementos previamente discutidos en la consulta popular laboral, iniciativa impulsada por sectores sindicales y sociales que no logró avanzar legislativamente, pero que dejó propuestas que hoy vuelven al escenario político.
Uno de los aspectos más relevantes acordados hasta el momento es el relacionado con el tipo de contratación. Se definió priorizar los contratos a término indefinido, limitando la posibilidad de realizar contratos a término fijo a un máximo de cinco años. Pasado ese periodo, el empleador deberá optar por ofrecer un contrato indefinido o prescindir del trabajador. Esta medida, acogida desde la propuesta popular, pretende reducir la precarización laboral y promover la estabilidad en el empleo.
Además, el proyecto contempla la creación de un régimen especial para trabajadores de plataformas de domicilios, reconociendo la creciente informalidad y falta de protección en este tipo de ocupaciones. También se han trazado consensos preliminares sobre la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica de trabajadores informales y deportistas, aunque aún no se han definido los mecanismos concretos mediante los cuales se garantizará su estabilidad.
No obstante, aún persisten desacuerdos en puntos clave del articulado. Uno de los más debatidos es el relativo al recargo nocturno, cuya propuesta actual plantea su pago desde las 7:00 p.m., como se aprobó previamente en la Cámara. Aunque este cambio ha sido respaldado por sectores sindicales, genera resistencia en gremios empresariales que argumentan un posible impacto negativo en la productividad y el empleo.
Otro aspecto sin acuerdo es el reconocimiento del pago de dominicales al 100%, lo cual, según analistas del sector privado, incrementaría significativamente los costos laborales en sectores como el comercio, la salud y el turismo. También continúa en discusión la figura del contrato de aprendizaje para estudiantes del Sena, cuyo rediseño busca proteger los derechos de los aprendices sin desincentivar su vinculación laboral por parte de las empresas.
En contraste, algunas propuestas de la consulta popular podrían ser descartadas. Entre ellas, la que exigía a las empresas con más de 100 trabajadores contratar al menos a dos empleados con discapacidad, así como la creación de un régimen especial para garantizar los derechos laborales en el campo. Ambos puntos han sido considerados difíciles de implementar en la actual coyuntura económica, especialmente en el sector agrícola.
La senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta, anunció que se espera radicar la ponencia este jueves 22 de mayo, al final de la tarde. Sin embargo, la presentación formal dependerá de que se logren resolver los desacuerdos pendientes durante el día. Lozano ha insistido en que la reforma debe estar alineada con los principios de justicia social, sin desconocer la realidad del aparato productivo nacional.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro es una de las piezas clave dentro del paquete de transformaciones sociales que plantea su administración. Su propósito es equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores, fortalecer las garantías laborales y reducir la informalidad, que actualmente afecta a más del 50% de la población económicamente activa.
Distintos sectores políticos y económicos han expresado expectativas divididas frente a esta nueva etapa del debate. Mientras organizaciones sindicales celebran los avances como un logro histórico, gremios como la ANDI y Fenalco han advertido sobre los efectos adversos que podrían tener algunos artículos sobre la generación de empleo y la competitividad empresarial.
La discusión parlamentaria de la reforma promete ser intensa y polarizada. Los próximos días serán decisivos para determinar si la iniciativa logra superar los obstáculos y avanzar hacia su aprobación definitiva, o si, por el contrario, se repite el escenario de estancamiento legislativo que la llevó al archivo en ocasiones anteriores.
Y.A.
