La Universidad del Atlántico volvió a ser el epicentro de una tormenta política y social que esta vez llegó hasta la Casa de Nariño. Un video difundido en redes sociales, donde se escucha a estudiantes corear frases como “Estamos esperando que se encapuchen” y “Voy por ellos”, provocó una reacción inmediata del presidente Gustavo Petro, quien no dudó en señalar lo que para él es un síntoma de un problema más profundo que golpea a varias universidades públicas del país.
En su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario expresó su preocupación por lo que calificó como un deterioro de la autonomía universitaria, señalando que esta se ha convertido —en algunos casos— en un escudo para la corrupción y la violencia.
“La autonomía universitaria es para que el pensamiento y la cátedra sean libres, no para que grupos violentos perpetúen el manejo fraudulento de los recursos”, escribió el presidente.
“Así no se educa a los hijos e hijas de Colombia. MinEducación debe intervenir sin temor los centros educativos tomados por mafia”.
La reacción presidencial no se limitó al ámbito digital. El Ministerio de Educación respondió con un comunicado oficial donde, sin mencionar nombres, marcó distancia frente a cualquier expresión de violencia dentro de los claustros universitarios:
“Reivindicar la vida y la dignidad de los estudiantes implica, ante todo, rechazar toda forma de violencia”, señaló el Ministerio. “El legado de quienes han caído debe ser la inspiración de transformación social a través del diálogo, la movilización pacífica y la participación respetuosa”.
El video viral surgió en medio de un ambiente de creciente inconformismo estudiantil por la elección de rector, un proceso que en muchas universidades públicas se ha convertido en terreno minado por intereses políticos, disputas internas y denuncias de clientelismo.
En el caso particular de la Universidad del Atlántico, no es la primera vez que estalla una crisis de gobernabilidad. En los últimos años, el alma máter ha sido escenario de protestas, tomas, investigaciones por corrupción y pugnas de poder que han socavado su misión académica.
La controversia pone en tela de juicio el equilibrio entre autonomía y vigilancia estatal, entre libertad académica y responsabilidad institucional. Y abre un debate urgente sobre quién debe intervenir, cómo y hasta dónde, en una universidad pública cuando los principios que deberían protegerla se convierten en excusa para la descomposición.
Mientras tanto, la tensión persiste en los pasillos de la Universidad del Atlántico, donde aún resuena la pregunta que miles de estudiantes y ciudadanos se hacen: ¿quién cuida a las universidades públicas cuando su propia autonomía parece estar en crisis?
