Luego de más de 12 horas de bloqueo por parte de habitantes de Mochuelo Alto y Bajo, la UAESP logró un acuerdo temporal que permitió reactivar el ingreso de residuos al relleno sanitario Doña Juana, epicentro de una crisis ambiental y social prolongada.
Doña Juana, el principal relleno sanitario de Bogotá, volvió a operar con normalidad en la madrugada de este miércoles tras más de 12 horas de bloqueo protagonizadas por los habitantes de Mochuelo Alto y Bajo. La protesta, que paralizó la disposición de residuos en la ciudad, fue el resultado de años de inconformidad acumulada por las comunidades vecinas debido a los graves impactos ambientales que aseguran haber sufrido por más de tres décadas.
El acceso al relleno fue cerrado como medida de presión para exigir el cumplimiento de compromisos sociales, ambientales y de salud por parte de las autoridades distritales. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), encabezada por Consuelo Ordóñez, logró concertar un acuerdo temporal que permitió reanudar las operaciones hacia las dos de la mañana.
“Después de comprometernos con la comunidad a mejorar el control de la operación de CGR al interior del relleno sanitario y una serie de requerimientos en materia de salud, de seguridad, de alumbrado público y obviamente de compensaciones sociales y ambientales que están previstas en la licencia, pudimos recuperar la normalidad”, explicó Ordóñez.
Durante el bloqueo, 62 camiones cargados con residuos sólidos quedaron atrapados dentro del relleno, mientras que al menos 30 más esperaban en las afueras. Empresas como Lime reportaron la inmovilización de unos 300 vehículos recolectores, lo que impidió recoger cerca de 7.000 toneladas de basura en distintos puntos de la capital.
Trabajadores del sector, como Luis Eduardo, de la empresa Promoambiental, también se vieron afectados por la interrupción del servicio. “Yo entro a las 5 de la mañana, pero hoy no he podido salir a hacer mi ruta porque el camión aún no ha salido del relleno. A pesar del retraso, nos toca completar el recorrido”, relató.
La protesta se originó por denuncias reiteradas sobre olores desagradables, plagas de moscas, enfermedades respiratorias y contaminación del agua, situaciones que las comunidades aseguran padecer de forma constante. “Nosotros ya no aguantamos más. Llevamos 36 años soportando esta carga ambiental sin una compensación real”, expresó Edinson Montaña, líder comunitario de Mochuelo Alto.
Montaña advirtió que si no se cumplen los compromisos acordados con el Distrito, retomarán el cierre del relleno. “Si el sábado hay un incumplimiento por parte del alcalde, seguimos en cierre permanente. Que Bogotá se vea afectada es un costo mínimo frente al que hemos pagado nosotros durante tantos años. Queremos que respeten nuestros derechos”, afirmó.
Uno de los principales puntos de tensión es el desempeño de la empresa CGR, operadora del relleno, a la que se acusa de enterrar basura sin el tratamiento adecuado, lo que estaría provocando la acumulación de lixiviados y la emisión de gases tóxicos. La situación se agravó con la reciente decisión de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de extender hasta 2029 la licencia ambiental de CGR, sin una consulta previa con la comunidad, lo cual desató aún más inconformidad.
Este conflicto ambiental pone de manifiesto la fragilidad del sistema de gestión de residuos de Bogotá y la urgente necesidad de una política pública sostenible que incluya la participación activa de las comunidades afectadas.
Aunque la UAESP ha prometido una mayor vigilancia sobre la operadora y avanzar en medidas de salud pública y compensaciones, el clima de desconfianza sigue siendo alto. La comunidad del Mochuelo exige más que promesas: reclaman acciones concretas, con cronogramas definidos y mecanismos de seguimiento que les permitan comprobar que esta vez, los acuerdos se cumplirán.
El caso Doña Juana es una advertencia para la ciudad sobre los límites del modelo actual de disposición de residuos, y sobre todo, sobre el alto costo humano y ambiental que pagan las comunidades más vulnerables por la falta de una gestión integral y equitativa de los desechos urbanos.
Y.A.