La SIC formuló pliego de cargos contra la empresa por presuntamente demorar la entrega del NIP y ofrecer beneficios indebidos para frenar el cambio de operador.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación administrativa contra la empresa de telecomunicaciones Movistar, tras detectar presuntas infracciones a la normativa vigente sobre portabilidad numérica móvil, derecho que garantiza a los usuarios la libre elección de su operador sin perder su número telefónico.
Según indicó la entidad, la decisión se tomó luego de analizar múltiples denuncias presentadas por usuarios inconformes con los obstáculos al momento de cambiar de proveedor de servicios móviles. Estas quejas derivaron en un pliego de cargos por parte de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, en el que se detallan dos posibles violaciones a la reglamentación.
El primer cargo se relaciona con la presunta demora o incluso la no entrega del NIP (Número de Identificación Personal), código indispensable para validar la identidad del usuario y así autorizar el traslado hacia otro operador. La SIC explicó que Movistar habría recibido correctamente las solicitudes de NIP en su red, pero habría demorado o impedido su entrega, lo cual afecta directamente el proceso de portabilidad.
El segundo señalamiento apunta a prácticas destinadas a evitar que los usuarios concreten su cambio de operador, específicamente mediante el ofrecimiento de beneficios económicos o promocionales. Según lo establecido por la regulación vigente, una vez iniciado el proceso de portabilidad, está expresamente prohibido realizar este tipo de ofertas, ya que se consideran incentivos indebidos que interfieren en la libertad de elección del consumidor.
Ante la gravedad de los hechos, la SIC impuso medidas preventivas para asegurar el respeto de los derechos de los usuarios mientras avanza la investigación. Estas medidas incluyen la obligación de entregar el NIP en un máximo de cinco minutos en el 95 % de las solicitudes, y bajo ninguna circunstancia superar los diez minutos, incluso cuando el servicio del usuario esté suspendido. Adicionalmente, se ordenó a Movistar abstenerse de enviar mensajes promocionales o de retención una vez iniciado el proceso de cambio de operador.
Movistar deberá entregar información detallada para demostrar el cumplimiento de estas medidas administrativas y mantenerse en conformidad con las mismas durante toda la duración del procedimiento.
De encontrarse responsable por las conductas imputadas, la empresa podría enfrentar sanciones que llegarían hasta los 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una multa significativa que busca disuadir este tipo de prácticas por parte de los operadores móviles.
Cabe señalar que la resolución mediante la cual se formularon los cargos es un acto de trámite, por lo cual no admite recursos. Sin embargo, Movistar cuenta con un plazo de 15 días para presentar sus descargos, ofrecer pruebas y ejercer su derecho de defensa conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano.
Desde la SIC se reiteró el llamado a todos los operadores del país a respetar las garantías legales establecidas en favor de los usuarios, con énfasis en aquellas relacionadas con la portabilidad numérica. Este mecanismo es considerado esencial para fomentar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones y proteger al consumidor frente a posibles abusos.
La investigación se enmarca en un contexto donde la portabilidad numérica se ha convertido en una herramienta clave para que los usuarios puedan ejercer su derecho a elegir libremente el servicio que mejor se ajuste a sus necesidades, sin barreras artificiales impuestas por los operadores. Por ello, la vigilancia estricta de estas prácticas resulta fundamental para asegurar la transparencia y equidad en el sector.
En caso de que se confirme alguna sanción, este caso marcaría un precedente importante para futuros procedimientos, dejando en claro que las estrategias de retención ilegales o dilatorias no serán toleradas por las autoridades competentes. La SIC concluyó su comunicado reiterando su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores y su determinación para actuar frente a cualquier irregularidad detectada.
Y.A.
