El ente de control aseguró que no se encontraron irregularidades en el proceso de designación por parte del Consejo Superior Universitario y solicitó al Consejo de Estado desestimar la demanda que busca anular la elección.
En una decisión que podría definir el futuro de la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado rechazar la demanda que busca anular la elección de José Ismael Peña Reyes como rector de esta institución educativa.
La entidad de control concluyó que el proceso de designación se llevó a cabo respetando los procedimientos establecidos en el reglamento interno del Consejo Superior Universitario y que no se presentaron irregularidades que justifiquen la anulación del nombramiento.
“Por cuanto no se advierte vulneración del ordenamiento jurídico en virtud de su expedición”, señala el concepto de la Procuraduría, el cual está contenido en un documento de 45 páginas en el que se detallan las razones jurídicas por las cuales se considera que la elección de Peña fue legítima.
Según el organismo, todos los pasos realizados por el Consejo Superior Universitario para designar al rector cumplieron con las disposiciones legales y estatutarias vigentes.
La elección de José Ismael Peña tuvo lugar el pasado 21 de marzo de 2024, cuando los ocho integrantes del Consejo Superior Universitario decidieron designarlo como rector para el periodo 2024 – 2027.
La decisión generó controversia, especialmente porque en una consulta previa entre distintos estamentos de la universidad, el profesor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz obtuvo una mayor votación con un 34,4%, mientras que Peña alcanzó apenas un 8,4%. Pese a esto, la votación final del Consejo favoreció por unanimidad a Peña.
La controversia dio pie a la interposición de varias demandas de nulidad, las cuales alegaban presuntas irregularidades en el proceso de elección, incluyendo desviación de poder, falsa motivación, expedición irregular, falta de competencia y violación directa de la ley, así como del estatuto general universitario y del reglamento interno de elección.
La Sección Quinta del Consejo de Estado será la encargada de evaluar dichas demandas y determinar si el procedimiento adoptado por el Consejo Superior Universitario incurrió en vicios jurídicos que justifiquen la anulación del acto de elección. En ese contexto, el concepto emitido por la Procuraduría tiene un peso relevante, aunque no vinculante.
El Ministerio Público explicó que, “si bien el método utilizado por el Consejo Superior para elegir al rector del período 2024-2027 tuvo un cambio, no contravino las normas estatutarias, pues la votación ponderada significó la eliminación de los candidatos con menos votos y la votación directa representó la decisión definitiva de la escogencia del nombre con mayor aceptabilidad, en el rango de mayoría absoluta”.
Con este argumento, la Procuraduría insiste en que no existió ninguna violación al ordenamiento jurídico, ni en la forma ni en el fondo del proceso. Además, rechazó las acusaciones sobre una supuesta “desviación de poder”, al considerar que el Consejo Superior Universitario actuó dentro del marco de su competencia y con base en criterios objetivos.
Finalmente, el organismo solicitó que se nieguen las pretensiones de nulidad planteadas en las demandas, lo que implicaría ratificar la designación de Peña como rector y cerrar un capítulo polémico que ha generado tensiones internas en la universidad, protestas estudiantiles y llamados de atención de distintos sectores académicos.
La decisión definitiva ahora recae sobre el Consejo de Estado, que deberá ponderar los argumentos jurídicos presentados por ambas partes: por un lado, quienes consideran que la elección estuvo viciada, y por otro, el criterio técnico del Ministerio Público que respalda la legalidad del acto.
Lo cierto es que el debate en torno a la elección del rector de la Universidad Nacional ha reabierto una discusión de fondo sobre la gobernabilidad universitaria, la representatividad de las consultas estamentarias y los mecanismos de participación dentro de las universidades públicas.
En ese sentido, lo que está en juego no es solo el futuro inmediato del rectorado, sino también la confianza en las instituciones internas que rigen el rumbo de una de las universidades más importantes del país.
Y.A.
