Desde Barranquilla, el presidente Gustavo Petro aseguró que Ángela María Buitrago no comprendía la política de paz total y pretendía boicotear los esfuerzos del Gobierno con estructuras criminales, como el ELN.
En medio de su visita a Barranquilla, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, al asegurar que esta intentó sabotear su política de paz total. Petro, que anteriormente había manifestado respeto por Buitrago e incluso la ternó como candidata a la Fiscalía General de la Nación, cambió su discurso al acusarla de no comprender ni apoyar los diálogos con grupos ilegales, particularmente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
“Una ministra de mi Gobierno quería sabotearnos porque no entendía por qué podíamos hablar con bandidos”, expresó el mandatario en un acto público. A renglón seguido, justificó su postura afirmando que “hay políticos que hablan con bandidos para asociarse, a las escondidas. Nosotros hablamos de frente porque queremos darles una segunda oportunidad”, destacando que su enfoque no es de complicidad, sino de reconciliación. “Colombia no es una tierra de bandidos, es de gentes que aman la libertad, como Simón Bolívar”, agregó.
Las declaraciones del presidente surgen tras las versiones que indican que la exministra Buitrago se mostró contraria a detener la extradición de Gabriel Yepes Mejía, conocido como alias HH, líder de la facción del ELN llamada Comuneros del Sur, con la que el Gobierno adelanta conversaciones de paz en el departamento de Nariño.
El distanciamiento entre el Ejecutivo y la entonces ministra se agudizó cuando Buitrago denunció presuntas injerencias del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angy Rodríguez. Según la exfuncionaria, le solicitaron realizar cambios en direcciones adscritas a su cartera, propuestas que ella rechazó. Tanto Benedetti como Rodríguez negaron los señalamientos, y el primero incluso interpuso una denuncia por injuria y calumnia contra Buitrago.
Pese a la gravedad de las acusaciones, Petro optó por desestimar los reclamos de su exministra. “Yo pedí su renuncia. El presidente encargado, el doctor Jaramillo, la tramitó, habló con ella. Espero que no haya rencores. No hay que acusar a gente inocente, el responsable soy yo”, declaró. Petro dejó en claro que el cambio en el ministerio de Justicia era necesario para lograr transformaciones profundas en el INPEC y en el sistema penitenciario del país. “Indudablemente tenemos una quiebra de derechos humanos dentro de las cárceles y se necesita otra mentalidad para solucionarla”, afirmó.
La salida de Buitrago refleja las tensiones internas en el gabinete y los desafíos que enfrenta el presidente para mantener la cohesión política en medio de su ambiciosa agenda de reformas. La política de paz total, eje central del actual gobierno, ha generado controversia por la inclusión de organizaciones armadas en diálogos y eventuales beneficios jurídicos, lo que ha provocado fracturas incluso dentro del mismo equipo de gobierno.
El caso de alias HH, figura central en este episodio, pone sobre la mesa un debate de fondo: ¿debe el Estado negociar con quienes han cometido crímenes graves en busca de una paz duradera, o deben prevalecer los mecanismos de justicia tradicionales, como la extradición y las penas carcelarias?
Mientras tanto, la confrontación pública entre Petro y Buitrago es vista por analistas como un síntoma de las fricciones internas de una administración que busca cambiar la estructura del Estado sin perder su legitimidad ante los ojos del país. La decisión de hacer pública la supuesta oposición de una ministra a su política de paz, y de calificarla como un intento de sabotaje, marca un punto de inflexión en la narrativa oficial sobre las salidas ministeriales.
A pesar del escándalo, Petro mantiene firme su discurso. “Colombia necesita hablar con quienes empuñaron las armas, si queremos cerrar el ciclo de la guerra”, reiteró en Barranquilla. Así, el presidente refuerza su visión de una Colombia reconciliada, pero al precio de encarar tensiones políticas que, como lo demuestra el caso de Buitrago, pueden desembocar en rupturas difíciles de reparar.
Y.A.
