Durante la audiencia en Barranquilla, la Fiscalía solicitó al juez excluir entrevistas de medios a Day Vásquez y otras pruebas digitales por carecer de validez legal, acusando a la defensa de politizar el juicio.
La Fiscalía General de la Nación solicitó este miércoles, durante la reanudación de la audiencia en contra de Nicolás Petro Burgos, la exclusión de varias de las pruebas que la defensa del exdiputado y hijo del presidente Gustavo Petro pretendía incorporar al proceso judicial. Entre estas pruebas se encuentran entrevistas ofrecidas por Day Vásquez —exesposa de Nicolás Petro y testigo clave en el caso— a medios de comunicación nacionales.
La petición fue presentada por la fiscal Lucy Laborde, quien argumentó que las entrevistas en cuestión no cumplen con los requisitos de autenticidad exigidos por el marco legal vigente. Según la funcionaria, la defensa, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, busca incorporar estas entrevistas como evidencia reproduciéndolas directamente desde links en plataformas de internet durante el juicio oral, lo cual no está contemplado dentro de los mecanismos permitidos por la ley.
“La defensa manifestó que ella directamente incorporaría las supuestas entrevistas, utilizando como método la consulta y visualización en tiempo real durante el juicio oral, de los links ubicados en plataformas de internet y esta modalidad no está autorizada legalmente”, precisó la fiscal Laborde durante su intervención ante el juez Hugo Carbonó, encargado del caso.
De acuerdo con la fiscal, la forma en que se pretende introducir estas grabaciones contradice la norma procesal, que establece que la incorporación de evidencia digital debe hacerse a través de un testigo de acreditación. En ese sentido, insistió en que solo un juez puede evaluar la suficiencia de las pruebas y que no corresponde a la defensa cuestionar la credibilidad de los testigos por vías no regladas.
“No se puede atacar la credibilidad de los testigos”, afirmó la fiscal, quien además reiteró que el juicio debe ceñirse estrictamente a los principios del proceso penal y no convertirse en un espacio de controversia mediática.
La Fiscalía también advirtió que la estrategia de la defensa tiene un trasfondo político. Según la entidad, el objetivo de Carranza sería transformar la audiencia en una especie de tribunal mediático, en lugar de ceñirse a los elementos penales del caso. En apoyo a esta afirmación, Laborde citó el intento de la defensa de incluir como prueba las intervenciones del exfiscal general Francisco Barbosa y del fiscal Mario Burgos, las cuales —según la Fiscalía— contienen alegaciones políticas ajenas al fondo del proceso.
Este nuevo capítulo en el juicio contra Nicolás Petro, quien enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, marca un punto de tensión en el ya complejo proceso judicial. La audiencia se desarrolla en los juzgados de Barranquilla, donde también se ha centrado la atención de la opinión pública dada la relevancia política del procesado.
Cabe recordar que Day Vásquez, figura central del caso, ha ofrecido numerosas declaraciones en medios, en las que ha vinculado a Petro Burgos con presuntas entregas de dinero de origen dudoso durante la campaña presidencial de su padre. Sin embargo, su testimonio formal debe ser validado conforme a las exigencias del debido proceso, una línea que la Fiscalía insiste en no cruzar.
Por su parte, el abogado Alejandro Carranza no se ha pronunciado públicamente tras la intervención de la fiscal Laborde, aunque en otras oportunidades ha defendido el uso de entrevistas públicas como parte del contexto probatorio, alegando que reflejan el comportamiento y credibilidad de los testigos.
La audiencia continuará en los próximos días, y se espera que el juez Hugo Carbonó se pronuncie respecto a la solicitud de la Fiscalía de excluir dichas pruebas. Mientras tanto, crecen las expectativas sobre el rumbo que tomará uno de los casos judiciales más sensibles del entorno presidencial.
Y.A.
