Guillermo Alfonso Jaramillo denunció que más de $6.000 millones disponibles no han sido utilizados por algunos alcaldes, quienes priorizan otros gastos por encima de la protección de las víctimas.
En el marco de un debate convocado por la Comisión Legal de Derechos Humanos, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, emitió un llamado de atención al revelar una preocupante situación: la falta de recursos y de voluntad política por parte de algunos mandatarios locales para enfrentar de forma efectiva los casos de violencia intrafamiliar en Colombia.
Según explicó el jefe de la cartera de Salud, aunque el Gobierno nacional ha destinado más de $6.000 millones para programas destinados a prevenir y atender este flagelo, muchos alcaldes han optado por no invertir esos dineros, destinándolos a otros fines que no responden a la gravedad de la problemática. «Los recursos no son suficientes, porque no alcanzan $6.000 millones para apoyar a los gobiernos departamentales y muy especialmente los municipales… hay alcaldes que prefieren no gastar la plata en eso, sino en otras cosas», manifestó Jaramillo con visible molestia.
Durante la sesión de análisis, el ministro explicó que el país cuenta con un sistema integrado de información de la protección social (Sispro), el cual recibe datos de distintas instituciones sobre los casos de violencia intrafamiliar, permitiendo conocer con precisión en qué regiones se presentan los índices más altos de este tipo de agresiones. “Esto está clasificado por ciudades y por eso se puede saber en qué regiones se tienen las cifras más altas… es importante destacar la transversalización del enfoque de género”, puntualizó el funcionario.
En su intervención, Jaramillo recalcó que uno de los principales retos sigue siendo la existencia de barreras administrativas que dificultan una atención efectiva a las víctimas. En ese sentido, hizo un llamado a la articulación interinstitucional, afirmando que es indispensable una respuesta coordinada entre los distintos niveles del Estado. “Hemos estado trabajando en las asistencias técnicas con el ente territorial, por lo que debemos articularnos con los diferentes sectores técnicos con cuatro líneas de atención que son: la prevención de la violencia, la atención integral, la protección y acceso a la justicia, y los sistemas de información”, sostuvo el ministro.
Asimismo, Jaramillo subrayó que si bien el Gobierno ha desarrollado mesas técnicas en distintos departamentos para abordar el tema, el impacto ha sido limitado debido a la falta de compromiso por parte de ciertos actores locales. “Hace falta más compromiso para prevenir ese delito”, sentenció.
La gravedad del panorama expuesto por el ministro de Salud no solo revela una preocupante falta de inversión en un tema de profundo impacto social, sino también una debilidad institucional que impide una respuesta eficiente y humana frente a las víctimas. El desinterés de algunas administraciones municipales en ejecutar recursos ya asignados para combatir la violencia intrafamiliar es, como mínimo, un acto de negligencia.
El llamado del ministro Jaramillo resuena en un contexto en el que los casos de agresión dentro del núcleo familiar se han multiplicado. Las cifras oficiales revelan un aumento sostenido de denuncias por maltrato, tanto físico como psicológico, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niños y personas en situación de vulnerabilidad.
En este escenario, el fortalecimiento de estrategias como la implementación efectiva del Sispro, la eliminación de barreras burocráticas y la asignación efectiva de recursos desde las entidades territoriales se convierten en elementos urgentes para enfrentar el fenómeno.
Además, el llamado a la transversalización del enfoque de género es un recordatorio de que la respuesta del Estado debe reconocer las múltiples formas de violencia que afectan especialmente a las mujeres, y que no puede limitarse a medidas superficiales o aisladas.
Finalmente, el pronunciamiento del ministro Jaramillo deja en evidencia que la solución no solo pasa por el desembolso de recursos, sino por la construcción de una política pública comprometida, coordinada y sostenida en el tiempo. Sin esta articulación real entre Gobierno Nacional, entes territoriales y sociedad civil, la lucha contra la violencia intrafamiliar seguirá siendo insuficiente, y las víctimas, invisibles.
Y.A.
