La Fiscalía aseguró que cuenta con pruebas contundentes contra el exdirector del Dapre y exjefe de inteligencia, a quien vincula con millonarios contratos irregulares en la UNGRD para beneficiar a congresistas hoy capturados.
La Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación de cargos contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exdirector de Inteligencia Nacional, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el ente acusador, las pruebas que lo involucran son “contundentes”.
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien lidera el macroproceso, aseguró haber hallado “suficientes méritos” con base en elementos probatorios que vinculan directamente a González con una trama de corrupción en materia de contratación pública, que se habría gestado desde las más altas esferas del Gobierno Nacional.
Entre los delitos imputados al exfuncionario están cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, en un caso que ha puesto en jaque la credibilidad de instituciones clave del país.
Según lo expuesto por la fiscal Patiño, la imputación se basó en un conjunto de evidencias como rastreo bancario y financiero, así como la búsqueda selectiva en bases de datos asociadas a los teléfonos celulares del imputado. Estas diligencias, que contaron con el aval de la Corte Suprema, habrían revelado información crítica para sustentar la formulación de cargos.
En este proceso judicial han jugado un papel clave los testimonios y entregas de material probatorio por parte de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad. Ambos han colaborado con la justicia, entregando evidencias que comprometerían directamente a González.
De acuerdo con la Fiscalía, en septiembre de 2023, González sostuvo una reunión en el Palacio de Nariño con Olmedo López. Allí, presuntamente, el entonces jefe del Dapre habría impartido la orden de entregar $70.000 millones en contratos con el fin de beneficiar a dos congresistas: Iván Name, expresidente del Senado, por $60.000 millones, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara, por $10.000 millones.
Además, en las audiencias judiciales se reveló la transcripción de audios en los que se escucharía a González respaldando a López en su rol como director de la UNGRD. Según la Fiscalía, existía plena conciencia entre ambos sobre las dificultades que enfrentaban las reformas del Gobierno en el Congreso, lo que habría motivado la entrega adicional de $1.000 millones a Calle y $3.000 millones a Name, como parte de un supuesto entramado de compra de voluntades.
En medio de esta grave imputación, el abogado de González, Iván Cancino, afirmó en entrevista con La FM de RCN Radio que su defendido no aceptará los cargos formulados por la Fiscalía. “No va a aceptar cargos, no va a colaborar porque no tiene nada que decir de nadie, porque no ha cometido delitos”, sostuvo categóricamente.
Cancino también desmintió que González haya impartido órdenes para sobornar a congresistas, como en los casos ya judicializados de Iván Name y Andrés Calle, quienes se encuentran capturados por orden de la Corte Suprema. “Ni impartió órdenes, ni cohechó a nadie, ni cometió peculado, ni lavó activos de nada. Y eso se probará en un proceso que seguramente será largo. Estas apenas son las primeras etapas”, agregó el abogado defensor.
En esa misma línea, Cancino denunció una persecución judicial contra su cliente y no descartó que pueda contemplarse la solicitud de asilo político, aunque señaló que no es un tema que se haya considerado hasta el momento. “Por ahora tengo la tranquilidad todavía en la justicia de que no se vaya a cometer un acto que no corresponda a derecho”, precisó.
La investigación sigue su curso y se esperan nuevas decisiones judiciales en los próximos días, mientras el país sigue de cerca un proceso que podría marcar un punto de inflexión en el combate contra la corrupción en el Estado colombiano.
Y.A.
