Fiscalía imputa a exfuncionario cercano a Petro por presunta corrupción en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación ha imputado a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según las autoridades, González habría ordenado el pago de sobornos millonarios a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el fin de asegurar la aprobación de proyectos legislativos impulsados por el Gobierno Nacional.

Durante una audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos. González, quien asistió virtualmente, negó los cargos, calificándolos como «acusaciones infundadas».

El ente acusador informó que solicitará una medida de aseguramiento contra González, al considerarlo parte de uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha enfrentado el gobierno del presidente Gustavo Petro. La audiencia para decidir dicha medida fue programada para el 6 de junio.

Las investigaciones revelan que González habría instruido al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, para manipular contrataciones en beneficio de los mencionados congresistas. Parte del dinero ilícito provendría de sobrecostos en contratos para adquirir carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira.

La Fiscalía afirmó que las entregas de dinero sí se concretaron: Name habría recibido 3.000 millones de pesos con la ayuda de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial y excongresista, también vinculada al caso por tráfico de influencias y lavado de activos. Por su parte, Calle habría recibido 1.000 millones de pesos entregados por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD y ya condenado por estos hechos.

Iván Name y Andrés Calle fueron capturados el pasado 7 de mayo por orden de la Corte Suprema de Justicia. El caso, que salió a la luz pública en febrero de 2024, ha escalado rápidamente, involucrando a altos funcionarios del Ejecutivo y poniendo en el ojo del huracán la gestión de la UNGRD.