La senadora arremetió contra el presidente, la fiscal general y la defensora del Pueblo, asegurando que la inacción frente al secuestro del niño Lyan José demuestra el abandono del Estado a las familias colombianas.
Durante una sesión plenaria en el Congreso de la República, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, alzó la voz para exigir la liberación del niño Lyan José Hortúa Bonilla, quien fue secuestrado el pasado 3 de mayo en el corregimiento de Potrerito, zona rural del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca. El menor de once años fue sacado por la fuerza de su vivienda por hombres armados, sin que hasta el momento haya una acción contundente del Estado que permita esclarecer su paradero o identificar a los responsables del hecho.
«El niño Lyan José de once años tiene su cumpleaños pronto y fue sacado de su hogar, de su casa, del seno donde es cobijado por sus padres. Esta es una sociedad enferma, a la izquierda le fascina hablar de derechos humanos, de convenciones internacionales, y así le amarraron las manos a la fuerza pública, convirtiendo a soldados y policías como si fueran asesinos y genocidas, y desprotegieron a la sociedad«, manifestó Cabal con vehemencia.
La parlamentaria no dudó en culpar directamente al presidente Gustavo Petro, asegurando que su política de seguridad ha debilitado a las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía. «El presidente desarmó a la fuerza pública para desproteger a las comunidades», afirmó.
Asimismo, la senadora lanzó duras críticas hacia la fiscal general de la Nación, la defensora del Pueblo y otras entidades del Estado, al señalar que no han demostrado una actitud activa ni han condenado de manera pública e internacional el secuestro del menor. «No veo a la defensora del Pueblo –tampoco sé si tiene hijos– rechazando pública e internacionalmente el hecho. No veo a ninguno, no veo al procurador de derechos humanos. Parece que sólo los derechos humanos están para perseguir a la fuerza pública y no para proteger a los niños«, añadió.
Uno de los aspectos más graves señalados por Cabal fue la presunta inacción del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), al que acusó de no presentarse en la vivienda del niño secuestrado para asegurar la escena del crimen. «Allá, señor presidente, no ha llegado ni siquiera el CTI a recoger las vainillas ni a resguardar la escena del crimen que se cometió contra un menor», dijo la senadora, quien también cuestionó si la fiscal general tenía conocimiento real de lo ocurrido.
Durante su intervención, la dirigente política enfatizó que lo sucedido con Lyan José no es un caso aislado, sino el reflejo de un deterioro generalizado de la seguridad en Colombia. Aseguró que este secuestro es «culpa de quienes no han defendido el fuero militar y policial» y que en casos como este, «media hora desde que llegaron los bandidos a un conjunto cerrado, muy cerca de Cali, y jamás llegó la policía ni el ejército porque la orden es no moverse de donde están».
Cabal también responsabilizó a las mesas de negociación impulsadas por el gobierno Petro, argumentando que brindan ventajas a los grupos criminales que operan en territorios vulnerables. «Las mesas de negociación de Petro son la ventaja de la criminalidad. Llegan a la casa de una familia y se le llevan su niño, ni policía, ni ejército. No existe el Estado colombiano para proteger una familia buena», concluyó visiblemente indignada.
La desaparición de Lyan José Hortúa Bonilla ha generado una ola de indignación y preocupación a nivel nacional, especialmente entre organizaciones defensoras de los derechos de la niñez y la ciudadanía del Valle del Cauca, que exige resultados por parte de las autoridades. Hasta el momento, ni el Gobierno Nacional ni la Fiscalía han emitido un parte oficial sobre avances en la investigación.
Mientras tanto, la presión política crece en el Congreso y en la opinión pública, que reclama acciones concretas y eficaces para encontrar al menor y castigar a los responsables. El clamor por justicia se mantiene, así como el cuestionamiento al papel del Estado colombiano frente a la creciente amenaza que representa el crimen infantil en varias regiones del país.
Y.A.