Como si se tratara de una maldición que no cesa, el nombre de Sahagún vuelve a figurar en el mapa de la corrupción nacional. Esta vez, quien aparece bajo la lupa judicial es Emilio Otero Dajud, exsecretario del Senado de la República, un hombre que por años fue considerado uno de los operadores más influyentes en las entrañas del Congreso.
Su nombre reaparece en un escrito de acusación de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos y vínculos con una red de narcotráfico liderada por Javier Rojas García, alias Maracuyá.
El foco de la investigación es una operación inmobiliaria realizada en 2007 en Cartagena, sobre un predio de 107 hectáreas conocido como el lote Alcalis, cerca del puerto de Mamonal. El terreno, valorado en más de 22.000 millones de pesos, había sido adquirido un año antes por Maracuyá, su hermana Ruth y su cuñado Bernardo Pinzón Rivera, este último con antecedentes por narcotráfico. En 2007, parte del lote fue transferido a Otero Dajud y a Alfonso «Poncho» Berrío, señalado por sus nexos con el exjefe paramilitar Vicente Castaño.
La Fiscalía sostiene que la transacción incluyó el pago de sobornos a funcionarios públicos para facilitar la venta del terreno, en ese entonces propiedad de la empresa estatal CISA. En reuniones que habrían tenido lugar en Medellín y Cartagena, testigos aseguran que se pactó el pago de 2.000 millones de pesos a una funcionaria llamada “Margarita”, clave en la autorización de la venta.
Aunque Emilio Otero no ha sido formalmente imputado, su nombre figura en el expediente como actor central en las operaciones irregulares. En su defensa, ha afirmado ser un «comprador de buena fe» y niega conocer los antecedentes de quienes participaron en la negociación.
Sin embargo, su historial levanta sospechas. Durante más de diez años, Otero ejerció un poder notable en el Senado, con vínculos estrechos con políticos como Bernardo «Ñoño» Elías y Zulema Jattin, ambos señalados por parapolítica. Su paso por el Congreso estuvo acompañado de polémicas decisiones administrativas y maniobras presupuestales cuestionadas.
En 2016, pese a sus antecedentes, fue nombrado contralor de Córdoba, una decisión que encendió alarmas entre analistas por sus presuntos lazos con redes criminales en la región.
Hoy, la Corte Suprema de Justicia evalúa si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal contra Otero, en un caso que podría revelar nuevas conexiones entre el poder político, el narcotráfico y la corrupción en la Costa Caribe.
Sahagún, una vez más, queda marcada por el escándalo. Y la pregunta vuelve a hacerse inevitable: ¿quién queda en pie cuando la corrupción parece tocar cada rincón del poder?
