Los actos delincuenciales que vienen sucediendo en Barranquilla dejan claro que nos encontramos frente a una amenazante arremetida de la violencia, la cual se ha generalizado en todos los rincones de la capital del Atlántico. Con ello no queremos desconocer que en otras regiones no esté ocurriendo igual calamidad, pero en lo que concierne a nuestra ciudad, es más preocupante el crecimiento de la inseguridad, ya que se ha extendido a todo el perímetro urbano y su área metropolitana.
Es muy cierto que el resto de la región del Caribe no ha quedado exenta de este flagelo, es así como desde La Guajira hasta Córdoba, pasando por el Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre, diariamente nos llegan noticias que dan cuenta de hechos violentos que ponen en duda la capacidad de la fuerza pública disponible para frenar el hasta ahora incontrolable fenómeno que igualmente nos hace pensar que la situación tiende a empeorarse, si no se toman los correctivos pertinentes.
Hay que reconocer que las autoridades de Policía en Barranquilla están trabajando intensamente con la finalidad de restablecer la tranquilidad de los barranquilleros; la reciente incorporación de más agentes de Policía al Comando de la Policía División Atlántico y Metropolitana, nos hace suponer que se siguen buscando soluciones al grave problema que nos afecta.
Este aspecto ha sido analizado con mucho detenimiento en diferentes foros organizados para tratar el tema de la seguridad y convivencia ciudadanas, en los cuales se ha concluido que el incremento de la inseguridad tiene su origen en la presencia de un gran número de desmovilizados y extranjeros que se trasladaron a nuestra ciudad, conformando peligrosas bandas delictivas, trayendo consigo el estado de inseguridad reinante; si eso es así, contra ellos deberán dirigirse las acciones policiales, aunque nos resistimos a creer que todos los desmovilizados y foráneos radicados en Barranquilla estén involucrados en la serie de hechos que a diario tienen ocurrencia en nuestra urbe.
Algunos estamentos de la sociedad barranquillera han interpretado las diversas declaraciones emitidas por quienes tienen la obligación de resguardar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, no solo como la impotencia del Estado para hacerle frente a los delincuentes, sino como una autorización para que los particulares organicen su propia defensa mediante la creación de cuerpos de seguridad privada, con la finalidad de contrarrestar el auge de la delincuencia común.
En primer término diremos que la Constitución establece que la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía.
De ahí que el Estado no puede renunciar ni a la obligación de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, ni al monopolio de las armas, porque esto equivaldría a renunciar a la soberanía interna.
En nuestra ciudad hay sectores por donde no se puede transitar después de las seis de la tarde y donde hasta a plena luz del día causa pánico andar, y no son exclusivamente los barrios más alejados ni más marginados, en donde la delincuencia ha sentado sus dominios y todo el que por allí pasa después de las ocho de la noche se convierte en un objetivo de los maleantes.
Y qué decir de los lugares en donde tradicionalmente se cometen diariamente toda clase de crímenes y hechos violentos, donde estos hechos siguen sucediendo, respecto a los cuales la ciudadania ha venido pidiendo vigilancia y protección.
