El expresidente acusa al jefe de Estado de autoritarismo y advierte sobre el riesgo de una “Constitución paralela”, mientras rechaza la imposición de reformas y el lenguaje beligerante del gobierno.
En uno de los pronunciamientos más severos de los últimos meses contra el gobierno de Gustavo Petro, el expresidente César Gaviria lanzó una contundente advertencia: «La arbitrariedad de Petro nos puede llevar a desconocerlo como presidente». Las declaraciones surgen tras el hundimiento de la consulta popular propuesta por el Ejecutivo en el Senado de la República, hecho que ha intensificado las tensiones entre el Gobierno y el Congreso.
Gaviria, quien lidera actualmente el Partido Liberal, acusó al mandatario de intentar imponer una Constitución paralela a la de 1991, desconociendo las decisiones de los diferentes poderes públicos. “Señor presidente, si insiste en imponernos una Constitución paralela a la de 1991, nos veremos en la obligación de desconocer su autoridad como jefe del Estado. Usted será entonces el presidente de un país regido por su ‘Constitución Petro’, pero no por la Carta Magna que rige legítimamente a Colombia”, advirtió con tono enérgico.
El expresidente fue más allá, afirmando que lo que está ocurriendo en el país bajo la administración actual representa un “acto de autoritarismo sin antecedentes en nuestra vida republicana”. Según Gaviria, el intento del Ejecutivo de reemplazar lo rechazado por el Senado con una nueva ley que contradiga la decisión previa representa una violación de los principios democráticos. “Tenemos un desacuerdo total con la forma tajante en que lo ya rechazado por el Senado pretende ser reemplazado por una nueva ley que desvirtúe la decisión tomada”, aseguró.
Gaviria insistió en que el presidente se equivoca al ignorar los límites constitucionales y actuar como si pudiera reescribir las reglas del juego político a su antojo. “A usted no lo elegimos dictador, sino presidente de todos los colombianos y no solo presidente del Pacto Histórico”, dijo, criticando también el “lenguaje beligerante” que ha caracterizado al gobierno durante el actual impasse político.
El jefe liberal también dirigió sus críticas hacia el ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien acusó de actuar con “actitudes delincuenciales” para atacar a quienes no se alinean con la visión del Ejecutivo. Gaviria lo describió como alguien que “parece más un actor de circo que un ciudadano investido de una autoridad”, y señaló que sus acciones constituyen una “violación del derecho público”.
Una de las acusaciones más graves que lanzó Gaviria fue el supuesto chantaje político de Benedetti contra la gobernadora del Valle, a quien habría presionado para respaldar el proyecto de cambio constitucional promovido por el Ejecutivo. Según Gaviria, este tipo de comportamientos socavan el respeto institucional y deterioran la seriedad del debate democrático.
El expresidente reiteró su oposición a las iniciativas del gobierno que buscan imponer, sin mayorías parlamentarias, la reforma a la salud y la reforma laboral. Para Gaviria, estas reformas no solo carecen de consenso, sino que están siendo empujadas con métodos que vulneran el Estado de derecho. “El Gobierno Nacional no puede imponer su reforma a la salud, ni su reforma laboral a la fuerza y mucho menos desconocer la Constitución de 1991, imponiendo la ‘Constitución Petro’ en la que puede incluir lo que se le venga en gana”, concluyó.
Estas declaraciones se dan en un contexto de alta polarización, en el que los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo amenazan con profundizar la crisis institucional del país. Mientras tanto, el presidente Petro no ha dado señales de moderar su retórica ni su estrategia, y continúa responsabilizando a los partidos tradicionales de sabotear sus propuestas de cambio.
Las tensiones entre el Ejecutivo y los partidos de oposición se mantienen al rojo vivo, y la advertencia de César Gaviria representa no solo un duro golpe político, sino también una llamada de atención sobre los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia si se desconoce la legitimidad de las instituciones y de la Carta Magna vigente.
Y.A.