El exdirector del Dapre se negó a aceptar los delitos imputados por la Fiscalía, que lo señala como pieza clave en una red de sobornos por más de 70 mil millones de pesos a favor de congresistas, en el caso de la UNGRD.
El escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó este martes un nuevo capítulo con la negativa del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González, a aceptar los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación. Ante el Tribunal Superior de Bogotá, el exfuncionario se declaró inocente y aseguró que los señalamientos son “calumnias sin fundamento”.
“No acepto los cargos dado que todos son calumnias sin fundamento”, declaró González al rechazar las acusaciones que lo vinculan como una de las figuras centrales en el entramado de corrupción que ha salpicado a altos funcionarios del Gobierno, congresistas, contratistas y empresarios.
La Fiscalía, a través del fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Sandoval, imputó a González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Según explicó el fiscal, existen suficientes elementos probatorios para vincular al exdirector del Dapre con “graves hechos” que comprometen la legalidad de multimillonarias contrataciones.
De acuerdo con el ente investigador, González se habría reunido en septiembre de 2023 con el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, en el Palacio de Nariño. Allí, según el expediente, el exdirector del Dapre le ordenó entregar 70.000 millones de pesos en contratos a dos influyentes figuras del Congreso: Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.
La distribución del dinero, de acuerdo con la acusación, habría sido de 60.000 millones de pesos para Name y 10.000 millones para Calle, con el propósito de asegurar su respaldo a proyectos legislativos del Gobierno nacional. Sin embargo, debido a la presión de los congresistas, se habrían gestionado coimas en efectivo por 4.000 millones de pesos: 3.000 millones para Name y 1.000 millones para Calle.
“Debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante el mes de septiembre, usted le solicitó a Olmedo López variar la oferta dirigida a Name Vázquez a una suma en efectivo de 3 mil millones de pesos y a Calle Aguas una suma de mil millones de pesos”, narró el fiscal Sandoval durante la audiencia de imputación.
Además, González habría intervenido para impedir que Olmedo López fuera removido de su cargo, a pesar de estar suspendido por la Contraloría General de la República. Esta maniobra, según el ente acusador, se habría constituido en una forma de retribución por facilitar la entrega de sobornos.
El fiscal fue enfático en señalar que González “era consciente y sabía que desplegar los comportamientos advertidos en el entramado de corrupción de Gestión del Riesgo era indebido”, y que por lo tanto debía abstenerse de inducir a funcionarios como López o la exconsejera presidencial Sandra Ortiz a cometer actos ilegales.
Por su parte, el procurador delegado, Mario Gómez, respaldó la actuación de la Fiscalía y afirmó que la imputación de cargos fue “clara y precisa”, sustentada en pruebas contundentes que implican al exdirector del Dapre en el desvío de recursos públicos.
“La imputación se sustenta en hechos, documentos, testimonios y seguimiento a contratos que revelan la existencia de una red de corrupción con objetivos políticos y económicos”, afirmó el representante del Ministerio Público.
El proceso judicial se reanudará el próximo viernes 6 de junio a las 9 de la mañana, luego de que el magistrado Leonel Rogéles Moreno, del Tribunal Superior de Bogotá, aplazara la audiencia por una calamidad familiar. En esta nueva sesión, la Fiscalía solicitará la medida de aseguramiento y el envío a prisión preventiva de Carlos Ramón González.
Este caso se suma al amplio escándalo que ha sacudido a la UNGRD, institución encargada de atender emergencias en el país, y que hoy se encuentra en el centro de una de las tramas de corrupción más complejas del actual gobierno. Los señalados congresistas Iván Name y Andrés Calle ya fueron capturados por orden de la Corte Suprema de Justicia, mientras continúan las investigaciones que podrían comprometer a más figuras del escenario político nacional.
Y.A.
