De ser una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro, a estar en la mira de la justicia por uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno. Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y una de las piezas clave del llamado «gobierno del cambio», enfrenta ahora una inminente imputación de cargos y una solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario por parte de la Fiscalía General de la Nación.
La audiencia está convocada. El expediente está listo. Pero hay un problema: nadie sabe dónde está González. Según versiones reveladas por Revista Semana, el exfuncionario no se encuentra en el país y se presume que estaría bajo algún tipo de protección internacional.
El caso es explosivo. La Fiscalía ha documentado una compleja red de corrupción que se gestó al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que —según los fiscales del caso— González no solo fue partícipe, sino determinador. Es decir, quien dio las órdenes para pagar millonarios sobornos a poderosos congresistas, utilizando fondos públicos.
“Coordinó usted, señor Olmedo, con Sneyder Pinilla, la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name Vásquez”, leyó la fiscal del caso en una audiencia reciente, agregando que esa entrega se hizo a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones y ficha política cercana al exdirector del Dapre.
Los delitos que le serán imputados a González son graves: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Según el ente acusador, el caso revela no solo actos aislados de corrupción, sino el funcionamiento de una estructura criminal desde el corazón del Ejecutivo, diseñada para beneficiar a congresistas aliados con contratos y dádivas.
El país político espera respuestas. El presidente Petro guarda silencio, mientras una de sus manos derechas enfrenta una posible orden de captura internacional. Entre tanto, la audiencia queda abierta, con una silla vacía que cada día se convierte en símbolo de una administración acosada por los escándalos que juró erradicar.
