Por: Juan C. Restrepo
El segundo semestre del año será el de los desafíos de la descentralización. Allí se jugará su suerte. Se definirá si nos adentramos hacia una descentralización lúcida o hacia un descalabro financiero irreparable. Colombia no ha encarado quizás en mucho tiempo desafíos tan cruciales como los que se avecinan en materia de descentralización.
¿Por qué?
La razón es relativamente simple: porque coincidirán dos fechas decisivas. De una parte, el Congreso debe tramitar la llamada “ley de competencias” que habrá de sentar las bases para aplicar el Acto Legislativo recientemente aprobado, por el cual se incrementa hasta el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación el monto que debe transferirse a través del Sistema General de Participaciones (SGP) -desde el Gobierno central a las entidades regionales- las participaciones de estos en las rentas nacionales.
Y, de otro lado, porque también la ciudadanía estará llamada a votar en el segundo semestre (habiendo recaudado el número de firmas requeridas) el llamado “referendo por la autonomía fiscal”, planteado inicialmente por la Gobernación de Antioquia, pero que ahora cuenta con un nutrido número plural de promotores.
Veamos en primer lugar algunos aspectos generales de la “Ley de Competencias” sobre la cual empieza a haber proyectos, el último de los cuales se presentó ante el Congreso de gobernadores reunido en Yopal.
La gran pregunta es la siguiente: ¿Asegurará la Ley de Competencias que las modificaciones introducidas al SGP sean fiscalmente neutras? ¿Cómo se garantizará?
La única manera de hacerlo es que dicha Ley transfiera responsabilidades a las entidades territoriales que tengan un costo similar a aquel en que se incrementan las transferencias por del acto legislativo. Debe ser entonces una ecuación en la que las misiones que se transfieran del Gobierno a los entes territoriales resulten equivalentes a los incrementos de las transferencias. De lo contrario, sería un suicidio fiscal. El acto legislativo incrementa el porcentaje a transferir gradualmente en el tiempo en casi diez puntos porcentuales del PIB.
Las finanzas públicas en su conjunto no pueden asumir semejantes incrementos, si, simultáneamente, no se aligeran las responsabilidades del Gobierno central en igual cuantía. De allí la importancia que reviste la llamada “Ley de Competencias”, que debe ser imperiosamente neutral fiscalmente.
De allí que resulten preocupantes algunos comentarios como los de la “Asociación Colombiana de las Ciudades Capitales” que, según lo reportó El Nuevo Siglo el pasado 11 de mayo, consideran que “la asignación de nuevas competencias puede comprometer seriamente la capacidad de los diferentes territorios para cumplir con eficacia las funciones delegadas”.
Este tipo de enfoques son preocupantes, pues rompen la premisa fundamental sobre la que debe apoyarse el incremento de lo transferido, que debe ser igual al valor de las nuevas responsabilidades recibidas del Gobierno. De no ser así estaríamos en el pórtico de un desorden fiscal monumental que podría dar al traste con las futuras finanzas públicas del país.
El “referendo de la autonomía fiscal” entraña igualmente un peligroso ingrediente. El almendrón del texto preparado por los promotores consiste en que lo que se recaude a través del impuesto a la renta y del patrimonio debe ser invertido en las mismas localidades en que se recauden tales impuestos. El texto prevé, es cierto, un fondo de compensación que debe aminorar los efectos negativos de esta idea.
La mayoría del impuesto a la renta y del patrimonio se recauda en las grandes ciudades donde está concentrada la riqueza y la base industrial nacional (Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga). Así las cosas -si este referendo se abre camino- ello querría decir que en esas mismas ciudades tendría que hacerse el grueso de la inversión pública del país, sin que quede margen para que las finanzas públicas cumplan con una de sus funciones primordiales como es redistribuir el gasto público desde las regiones más ricas hacia los territorios marginales.
No hay necesidad, entonces, de nuevos argumentos para comprender que el segundo semestre será crucial para saber por qué ruta se encamina la descentralización del país: ¿hacia su profundización inteligente o hacia el desastre financiero? Ojalá tengamos la lucidez para que sea lo primero.
