El Gobierno Nacional presentó este miércoles ante la Secretaría del Senado una nueva propuesta de consulta popular. A la iniciativa anterior, que se hundió en el Congreso, se le han añadido cuatro preguntas adicionales, todas relacionadas con el sistema de salud. Con esto, el Ejecutivo busca que los ciudadanos se pronuncien directamente sobre aspectos clave de las reformas que no han logrado avanzar en el legislativo.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue el encargado de revelar el contenido de los nuevos interrogantes, los cuales están enfocados en fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el acceso a medicamentos, eliminar la intermediación financiera de las EPS, consolidar un modelo de atención primaria y asegurar condiciones laborales dignas para los trabajadores del sector salud.
Estas son las cuatro preguntas nuevas que se incluirán en la consulta:
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¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?
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¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestores de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas?
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¿Está de acuerdo con que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud preventiva y resolutiva, con ampliación de los servicios especializados necesarios del carácter público, privado y mixto?
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¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadoras la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?
El ministro Jaramillo subrayó que la decisión de incluir estas preguntas fue tomada directamente por el presidente Gustavo Petro. A su vez, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, expresó que existe una intención evidente de bloquear la Reforma a la Salud en el Congreso y que la consulta busca darle voz a la ciudadanía frente a los derechos en salud y trabajo.
Sanguino también mencionó que “los colombianos respaldan mayoritariamente la consulta, quieren decidir sobre los derechos laborales y la salud, y rechazan, como ha revelado una reciente encuesta, la intención de un sector del Senado de impedir ese debate”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció, recordando que tanto la primera como la nueva consulta siguen en trámite legislativo: “El Congreso no se ha pronunciado sobre la consulta, pero ambas están vivitas y coleando”.
La propuesta mantiene, además, las 12 preguntas originales en materia laboral, enfocadas en promover la formalización, estabilidad y mejores condiciones de trabajo. Estas incluyen, entre otras, la reducción de la jornada laboral diurna a ocho horas, el pago del 100 % de recargo por trabajo en días festivos, contratos laborales para aprendices del SENA y la formalización de trabajadores informales como empleadas domésticas y periodistas.
El proyecto deberá pasar nuevamente por el Congreso para ser aprobado y posteriormente convocado a las urnas. Desde el Ejecutivo se insiste en que la ciudadanía debe ser protagonista en las decisiones sobre los derechos fundamentales, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el poder legislativo.
