Con una inversión de $2,5 billones, el Ministerio de Minas y Energía saldó deudas con 163 empresas del sector eléctrico y de gas, garantizando la continuidad del servicio para millones de hogares vulnerables.
En un paso clave para fortalecer la seguridad energética y garantizar la prestación de servicios públicos a los hogares más vulnerables del país, el Gobierno Nacional anunció el pago del 100 % de las deudas por concepto de subsidios a las empresas de energía y gas. Esta medida, ejecutada a través del Ministerio de Minas y Energía, representa un compromiso tangible con el acceso universal a servicios esenciales, especialmente para los colombianos de estratos 1, 2 y 3.
El anuncio fue hecho por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien destacó el esfuerzo del Gobierno para cumplir con estos compromisos, incluso en medio de una apretada situación fiscal. “Con esta decisión, el gobierno responde a su compromiso con los hogares más vulnerables del país. Realizamos el pago total de los subsidios de energía y gas para las familias de los estratos 1, 2 y 3, asegurando la continuidad de ambos servicios y el acceso a este derecho fundamental para millones de colombianos”, afirmó el ministro.
En total, el Gobierno destinó cerca de $2,5 billones para cubrir las obligaciones pendientes con un total de 163 empresas, entre las que se encuentran 87 del sector eléctrico y 76 del sector gasífero. Dentro del sector eléctrico, se destacan entidades pertenecientes al Sistema Interconectado Nacional (SIN), el Fondo Especial de Energía Social (FOES) y las Zonas No Interconectadas (ZNI). Asimismo, los pagos incluyeron conceptos como Gas Combustible Domiciliario, Programa de Sustitución de Leña, GLP en Cilindros, Subsidios de Gas en Redes y Compensación por Transporte en Nariño.
El detalle de los pagos evidencia el alcance de la medida: se giraron $1,93 billones a las empresas del sector eléctrico y $564 mil millones al sector de gas, impactando directamente en la sostenibilidad operativa de estas compañías. Adicionalmente, se beneficiaron tres empresas filiales del Grupo EPM, que recibieron recursos por aproximadamente $1,1 billones.
Uno de los componentes más relevantes de esta operación financiera es que el ministerio no solo pagó la deuda acumulada como Reserva del año 2024, equivalente a $203.246 millones, sino que también giró recursos por $888.054 millones correspondientes a seis resoluciones expedidas durante el año 2025. Este enfoque proactivo busca evitar atrasos similares en el futuro y estabilizar el flujo financiero de las empresas prestadoras.
En el caso de la Costa Caribe, una de las regiones históricamente más afectadas por los problemas de cobertura y calidad en el servicio de energía, el gobierno destinó $697 mil millones. De ese monto, $233,1 mil millones fueron girados a Air-e S.A.S. E.S.P., empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, y $463,9 mil millones a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia), filial del Grupo EPM.
Palma Egea también abrió la puerta a una transformación estructural en el modelo de subsidios energéticos. “Nuestro gobierno está comprometido con la seguridad energética del país. Sin embargo, hemos abierto una discusión para que en el corto, en el mediano y en el largo plazo los subsidios en materia energética se destinen a los usuarios, para que sean los usuarios los que generen su propia energía”, señaló el ministro, aludiendo a un posible giro hacia esquemas de autogeneración y energías renovables en el futuro.
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía reafirmó que esta decisión responde a una política pública que busca garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y reducir las brechas de inequidad en el acceso a servicios básicos. “El Gobierno nacional demuestra la voluntad de trabajar de manera articulada por el bienestar de la ciudadanía que se beneficia de los subsidios, al garantizar la prestación y continuidad de los servicios de energía eléctrica y gas”, concluyó el ministerio.
Con esta operación financiera histórica, el Gobierno reafirma su compromiso con los sectores más necesitados, asegurando que el acceso a energía y gas domiciliario no sea un privilegio, sino un derecho garantizado por el Estado.
Y.A.
