La situación de la empresa de energía Air-e, que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira, es cada vez más crítica. La Procuraduría General de la Nación denunció la ausencia de un plan técnico, financiero o jurídico para reestructurar la compañía intervenida, que heredó los pasivos y las carencias del antiguo operador Electricaribe.
En una reciente reunión con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), el Ministerio Público cuestionó la falta de claridad en los informes financieros y la ausencia de un plan estructurado para garantizar la continuidad del servicio eléctrico.
La deuda de Air-e con las generadoras de energía supera los 2 billones de pesos, de los cuales más de 1,2 billones corresponden a deudas con plantas térmicas. Desde la intervención en septiembre de 2024, la empresa no ha realizado pagos a las generadoras, lo que pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtió que, sin pagos a los generadores, no se puede garantizar la prestación del servicio eléctrico.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, alertó sobre la inviabilidad operativa de Air-e sin respaldo económico y advirtió que la situación podría desembocar en una suspensión del servicio de energía a gran escala, afectando hogares, comercio, industria, hospitales y centros educativos del Caribe.
Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no ha presentado un plan claro para la reestructuración de Air-e ni ha proporcionado información detallada sobre la deuda y el estado patrimonial de la empresa. La Procuraduría solicitó un informe detallado con los pasivos actuales, el estado patrimonial y las acciones previstas para los próximos meses.
La falta de respuestas claras y la ausencia de un plan estructurado para la intervención de Air-e generan incertidumbre y preocupación en la región Caribe, donde millones de usuarios dependen del servicio eléctrico para su vida diaria.
