El alto tribunal negó las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas y dejó en firme las penas de 14 y 8 años de prisión contra los exfuncionarios del DAS y el Dapre, implicados en interceptaciones ilegales a magistrados, congresistas y periodistas.
La Corte Suprema de Justicia confirmó este lunes las condenas contra María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por su responsabilidad en uno de los escándalos más graves de violación a los derechos fundamentales en Colombia: las chuzadas ilegales.
Ambos exfuncionarios fueron hallados culpables de haber liderado y ejecutado una red de interceptaciones ilegales contra magistrados, congresistas y periodistas, utilizando recursos del Estado para fines políticos. La Corte Suprema rechazó las pretensiones de sus defensas judiciales, que buscaban anular las sentencias impuestas en 2015.
Según el fallo ratificado, María del Pilar Hurtado deberá cumplir una condena de 14 años de prisión por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, peculado por apropiación, concierto para delinquir agravado, y falsedad ideológica en documento público. Por su parte, Bernardo Moreno fue condenado a 8 años de prisión por concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública y abuso de autoridad.
El alto tribunal concluyó que los argumentos de nulidad presentados por las defensas no demostraron violaciones al debido proceso, ni presentaron pruebas suficientes que permitieran reconsiderar el fallo original. Así, la Corte sentenció que no había “razón jurídica ni fáctica para decretar nulidad alguna”.
El caso tuvo su origen en una reunión documentada por la Corte, que se llevó a cabo el 12 de septiembre de 2007 en el club Metropolitan de Bogotá. En ese encuentro, Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado discutieron la necesidad de adelantar acciones de inteligencia sobre funcionarios de la misma Presidencia de la República, y congresistas supuestamente vinculados con el narcotráfico y grupos ilegales. Entre los objetivos de estas actividades estaban los entonces senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba, así como el periodista Daniel Coronell.
A partir de 2008, el DAS, bajo las órdenes de Hurtado, ejecutó seguimientos ilegales, interceptaciones telefónicas y vigilancia a los domicilios de los afectados. Además, se realizaron grabaciones de reuniones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, así como acopio de información personal y financiera de los magistrados que la integraban.
De acuerdo con la investigación, Hurtado entregó los resultados de estas operaciones a Moreno y a la Presidencia de la República, información que eventualmente fue filtrada a medios de comunicación. Esta operación, que debió responder a intereses legítimos de seguridad nacional, se desvió para fines políticos y de persecución.
La Fiscalía formuló acusación y el 29 de abril de 2015, la Corte Suprema emitió las condenas respectivas. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2020, las defensas de ambos implicados interpusieron recursos para intentar revocar las condenas, sin éxito.
Este fallo es emblemático por varias razones. No solo reafirma que en Colombia no puede usarse el poder del Estado para vulnerar derechos constitucionales, sino que también marca un precedente en cuanto a la responsabilidad de altos funcionarios en la comisión de delitos desde las esferas más cercanas al poder presidencial.
El caso deja claro que las instituciones judiciales pueden actuar con independencia incluso frente a figuras que operaron en los más altos niveles del gobierno. Para los sectores que durante años denunciaron las chuzadas ilegales, esta decisión representa una forma de reparación simbólica y jurídica frente a uno de los episodios más oscuros del uso indebido de los organismos de inteligencia del país.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos humanos y medios de comunicación independientes celebran la ratificación del fallo como un paso en la lucha contra la impunidad y un llamado a blindar a las instituciones de prácticas autoritarias que atentan contra el Estado de derecho.
Y.A.
