La decisión beneficia a más de 3.000 indígenas del Resguardo Motilón Barí en el Catatumbo y busca frenar el impacto del conflicto armado en su territorio ancestral, ubicado en cinco municipios del norte de Santander.
En un fallo histórico que responde a años de lucha y resistencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta decretó este viernes medidas cautelares a favor del Resguardo Indígena Motilón Barí, ubicado en zona rural del municipio de Tibú, en la conflictiva región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander.
Estas medidas buscan proteger los derechos étnico-territoriales de al menos 3.120 personas pertenecientes a cerca de 462 familias indígenas, que habitan un extenso territorio colectivo de 178.543 hectáreas. Esta zona comprende tanto las tierras tituladas como aquellas en proceso de ampliación, y se distribuye entre los municipios de El Carmen, Teorama, Convención, El Tarra y el mismo Tibú.
El fallo fue dado a conocer por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que explicó que la solicitud fue radicada el pasado 14 de marzo por su Dirección de Asuntos Étnicos (DAE). El argumento central fue la necesidad urgente de proteger a esta comunidad frente al recrudecimiento del conflicto armado, que ha dejado un saldo preocupante de desplazamientos forzados, confinamientos y afectaciones profundas al tejido social y cultural del pueblo Barí.
“Radicamos la solicitud preventiva para la protección de los derechos étnico-territoriales del Resguardo Motilón Barí, argumentando el recrudecimiento del conflicto armado en esta región. Con base en el artículo 151 del Decreto Ley 4633, tratamos de proteger a las comunidades gravemente violentadas. Ahora celebramos la decisión judicial», afirmó María Alejandra Montaño, directora de la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT.
El fallo no solo representa una medida de protección, sino también un reconocimiento del papel histórico y actual del pueblo Barí como actores clave en la búsqueda de una salida negociada al conflicto en el Catatumbo. Entre las órdenes del juez, se incluyen:
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La participación permanente de representantes indígenas en las mesas de diálogo con grupos armados ilegales.
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El reconocimiento del concepto amplio del territorio indígena, que abarca no solo el espacio físico, sino también sus componentes culturales y espirituales.
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La adopción de salvaguardas concretas para avanzar en la ampliación del resguardo.
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La implementación de acciones integrales para garantizar la autonomía y fortalecer el gobierno propio de la comunidad.
En un comunicado oficial, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí agradeció el compromiso de las entidades gubernamentales que participaron en el proceso, resaltando el papel protagónico de la DAE, que, según señalaron, “viajó en distintas ocasiones con su equipo para establecer diálogos y cumplir con los compromisos asumidos con nuestra comunidad”.
Asimismo, los líderes indígenas destacaron los avances logrados en materia de autonomía, así como en el reconocimiento oficial de su gobierno propio, lo cual consideran esencial para consolidar una paz duradera en la región. «El pueblo Barí está dispuesto a participar activamente en la construcción de soluciones estructurales que resuelvan los problemas históricos del Catatumbo«, expresaron.
La decisión judicial se da en un contexto de creciente inseguridad en el territorio, producto del accionar violento de grupos armados organizados. Estas dinámicas han puesto en riesgo constante la integridad física y cultural de los miembros del resguardo, quienes, a pesar de las dificultades, continúan ejerciendo su derecho a permanecer en su territorio ancestral.
Por ello, esta medida representa un avance importante en la lucha por el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. No obstante, voceros de la comunidad advirtieron que aún falta mucho por hacer, especialmente en lo relacionado con la atención integral por parte del Gobierno Nacional, que hasta la fecha ha sido insuficiente.
El llamado ahora es claro: que las instituciones del Estado acompañen la implementación de estas medidas con voluntad política, recursos y presencia efectiva, para que los resguardos indígenas no solo sean protegidos por el papel de un fallo, sino en la realidad cotidiana de quienes lo habitan.
Y.A.
