La exconsejera para las regiones declarará el 26 de mayo ante la Corte Suprema, en el marco del proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD que compromete a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
En medio del escándalo que remece al Congreso y al gobierno nacional, la Corte Suprema de Justicia citó a la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, para que declare en calidad de testigo en la investigación que se adelanta contra los senadores Iván Name y Andrés Calle, implicados en el caso de presunta corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia está programada para el próximo 26 de mayo a las 9 de la mañana, según confirmó el despacho del magistrado Francisco Farfán, quien adelanta la investigación dentro de la Sala de Instrucción de la Corte. Ortiz pidió ser escuchada en el marco de su matriz de colaboración con la justicia, en la que ha venido aportando información relevante sobre los mecanismos ilegales mediante los cuales se habría direccionado contratación en esa entidad gubernamental.
La participación de Sandra Ortiz se ha vuelto crucial luego de que ella misma reconociera, ante la Fiscalía General de la Nación, su papel como emisaria en la entrega de una millonaria suma de dinero a los congresistas investigados. Según sus declaraciones, estos pagos estarían vinculados a la negociación de votos y apoyos a las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que compromete la legitimidad del trámite legislativo en el Congreso.
Por otro lado, el abogado de Ortiz, Oswaldo Medina, reiteró que su defendida “ya ha contado a la Fiscalía gran parte de lo que sabe”, y que está dispuesta a seguir colaborando para esclarecer los hechos. Medina también hizo referencia a los supuestos chats entre Ortiz y el magistrado Vladimir Fernández, en los que se habría buscado influenciar su elección a la Corte Constitucional, lo que abriría otra línea de investigación por tráfico de influencias y presiones indebidas en altas cortes.
La situación se vuelve aún más crítica para los congresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes permanecen detenidos en el pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota, en Bogotá. Ambos legisladores han solicitado a la Corte Suprema reconsiderar la medida de aseguramiento en su contra, argumentando que fue “desproporcionada” y que existe disposición para comparecer ante la justicia sin entorpecer las investigaciones. Sin embargo, fuentes cercanas al caso aseguran que nuevas pruebas y testimonios refuerzan las sospechas de su participación en la red de corrupción.
En paralelo, el escándalo de la UNGRD continúa salpicando a otras figuras del panorama político y judicial colombiano, lo que ha llevado a varios sectores a pedir una reforma profunda del sistema de control político y judicial. La ciudadanía y sectores de la oposición exigen transparencia, mientras se incrementa el escrutinio sobre los canales institucionales a través de los cuales se habrían canalizado los sobornos.
El hecho de que la Corte Suprema cite a una figura de alto perfil como Ortiz evidencia la gravedad del entramado de corrupción. Esta comparecencia también puede representar un punto de inflexión en el proceso, ya que su testimonio podría proporcionar detalles cruciales sobre los beneficiarios, intermediarios y métodos usados para desviar recursos o manipular decisiones públicas.
El impacto político del caso es mayúsculo. Iván Name, presidente del Senado hasta hace unas semanas, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, eran piezas clave en la articulación política del Congreso. Su eventual caída por cuenta del escándalo podría alterar el equilibrio de poderes y frenar el avance de varias iniciativas legislativas promovidas por el Ejecutivo.
En las próximas semanas, se espera que la Corte también cite a otros implicados y testigos relacionados con la investigación de la UNGRD, incluyendo funcionarios de alto nivel y contratistas. Por ahora, el país sigue atento a las revelaciones que podrían emerger de la audiencia del 26 de mayo, donde Sandra Ortiz deberá responder a preguntas cruciales sobre uno de los escándalos de corrupción más graves del actual gobierno.
Y.A.
